8 de julio del 2016 00:00

Cubanos esperan con angustia un desenlace legal

Un grupo de cubanos acudió ayer a Flagrancias para apoyar a sus compatriotas. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Un grupo de cubanos acudió ayer a Flagrancias para apoyar a sus compatriotas. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Mayra Pacheco
(I) Redactora
mpacheco@elcomercio.com

La sala de espera y los corredores de la Unidad de Flagrancia, en el centro-norte de Quito, se convirtieron en el nuevo ‘hogar temporal’ de un grupo de cubanos. Luego de ser desalojados de El Arbolito (el miércoles en la madrugada), familiares de los isleños retenidos se concentraron en este lugar para saber qué pasaba.

Arrimadas en un muro de esta entidad, cerca del acceso al parqueadero que da a la calle 9 de Octubre, Dayanira Romero y su hija Yisel aguardaban ayer, por segundo día consecutivo, para tener noticias del menor de la familia: Yaciel, de 26 años.
Ambas traían la misma ropa del miércoles. Yisel incluso vestía un pantalón de pijama.

Sus únicas pertenencias, por ahora, eran una cobija y una cartera. “No sé nada de él. Lo he visto desde lejos dos veces, cuando iba al baño, pero no hemos hablado”, dijo Romero.

Según registros de activistas que defienden los derechos de los migrantes, 147 cubanos sin papeles están retenidos. Allí están incluidos cuatro niños y un adolescente, aseguró Soledad Álvarez, investigadora en Migración, quien ahora apoya a los cubanos en este caso.

La situación de estas personas se definirá luego de las diligencias judiciales, que se empezaron a tramitar desde las 11:20 de ayer. A esa hora hubo un fuerte movimiento en la Unidad Judicial de Garantías Penales, Contravenciones y Menores Infractores, que opera en la calle Roca y avenida 6 de Diciembre, en el norte.

Hasta este sitio, a las 11:00 fue trasladado en un bus un primer grupo de 36 cubanos. Los isleños abordaron la unidad en medio de ovaciones y aplausos de sus compatriotas.

Cada vez que salía uno de los aprehendidos desde la Unidad de Flagrancias con dirección hacia al carro levantaban el pulgar. Sus compatriotas, que se ubicaron a un costado del cordón de seguridad exclamaba “¡Libertad!”, “¡Fuerza cubanos!” “¡Estamos con ustedes!”.

En los exteriores de la Unidad de Contravenciones, el ambiente era distinto. Policías élite resguardaba las instalaciones. Incluso fue cerrada la calle Roca, entre la av. 6 de Diciembre y Reina Victoria.

En los extremos se colocaron vallas. Ahí detrás de las estructuras metálicas Deyanira y su hija Yisel esperaban sentadas sobre la vereda hasta conocer el resultado de la audiencia de Yaciel. “Le seguiré a mi hijo a donde sea que lo lleven”.

La prioridad de esta familia es volver a estar juntos. Madre e hija se encuentran de manera regular. Yaciel, en cambio, llegó el año anterior con una visa de turismo, luego obtuvo un contrato de trabajo que venció en diciembre del año pasado.

Actualmente, ninguno de los tres tiene empleo. La manutención de ellos depende de la pareja de Yisel, quien trabaja en una empresa privada.

Idalmi Ocampo y su hija de 15 años se encontraban en una circunstancia parecida. Desde que se produjo el desalojo, a las 02:40 del miércoles, la menor está separada de su pareja, que tiene 23 años. “La única familia de él somos nosotras”.

La situación migratoria dividió también a esta familia. A diferencia del joven, ambas tienen la residencia ecuatoriana. Pero él llegó desde Brasil, en el 2015, y no realizó ningún procedimiento para legalizarse. Ninguno de los tres tiene la aspiración de radicarse definitivamente en Ecuador.

Este mismo argumento expresó Mirca, una de las primeras cubanas que compareció a la audiencia de deportación.

Ella narró al juez que llegó en junio pasado, ingresó por la frontera sur y no hizo ningún pedido para regularizar su estado migratorio. No tenía la intención de quedarse aquí.

En este caso, la fiscal Ligia Villacrés solicitó al juez Máximo Ortega la deportación de la migrante, por haber evadido los filtros de migración formales.

Al finalizar la audiencia, el juez indicó que emitirá la resolución en las próximas horas y solo allí se sabrá si son deportados o no a La Habana.

Las diligencias se realizaron de manera individual. Hasta la tarde de ayer, 73 personas acudieron a la oficina judicial para cumplir con la diligencia de deportación. Eso lo informó Francisco Hurtado, representante de la Coalición por las Migraciones y el Refugio. En ninguno de estos casos hubo resolución judicial.

En la noche se confirmó que ocho padres de familia que permanecían detenidos con sus hijos tras el desalojo del parque El Arbolito, obtuvieron la boleta de excarcelación.

Según Juan Pablo Albán, abogado defensor, la orden de libertad se entregó a personas que eran parte de familias completas con hijos pequeños. Sobre la situación en las que se mantuvieron a los menores, Albán señaló que cerca de las 17:00 recibieron los primeros alimentos.

No se realizaron las audiencias a todos los que fueron trasladados a las diligencias. Hasta las 20:30 no se tenía el dato exacto de cuántas audiencias hubo. Sin embargo, de acuerdo con los abogados defensores, al menos la mitad habrían sido procesados.

Problemas en otros países

Lo que sucede en Ecuador con los isleños no es aislado. El miércoles, la prensa colombiana confirmaba que este año ese país ha detectado 6 000 cubanos irregulares.

De esta cifra, más de 3 800 han sido reportados en el municipio de Turbo. Diario El Espectador señaló que hace unos días los países centroamericanos abordaron la crisis migratoria en Panamá y que la conclusión fue la misma: falta apoyo de la región y decisión de los Estados Unidos. Mientras tanto, miles de isleños siguen atrapados en zonas fronterizas a merced de los traficantes.

En contexto
Efraín Sánchez, vocero de la comunidad cubana en Ecuador, fue sentenciado a cinco días de cárcel y a pagar una multa de USD 91,5 por alterar el orden público. Los activistas y cubanos piden la libertad de sus compatriotas y una visa humanitaria.

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