11 de julio de 2016 00:00

Los cubanos piden aplicar la ciudadanía universal

Hasta ayer, en este hotel de Quito estaba una parte de los cubanos. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

Hasta ayer, en este hotel de Quito estaba una parte de los cubanos. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

El ambiente cambió por completo ayer (domingo 10 de julio). En las afueras de las oficinas judiciales, en donde hasta el sábado se analizaba la condición de los cubanos sin papeles, no hubo policías ni familiares de los isleños. Apenas dos de ellos llegaron por un momento, pero se fueron.

Cerca de las 08:00 arribó el abogado de los extranjeros, Juan Pablo Albán, para tramitar la libertad de quienes no serán deportados. Datos oficiales del Ministerio del Interior señalan que a 22 se les dio la libertad, porque sí justificaron su permanencia regular.

Otros 29 ya fueron llevados a su país y el resto permanecía hasta ayer en un hotel de Quito. Allí aguardan la resolución de los jueces, que podría producirse esta mañana.

Pero de por medio está un pedido de hábeas corpus, que buscaba detener la deportación de las personas que el miércoles de la semana pasada fueron desalojadas del parque El Arbolito, en Quito.

Ese recurso legal fue presentado oficialmente el jueves anterior, aunque no ha sido conocido hasta el momento. Al menos eso indica Albán, quien no ha recibido notificación alguna.

La Constitución (art. 89) dice que la audiencia para tratar esa petición debe realizarse “en las 24 horas siguientes” a la presentación del recurso.

¿Qué hay detrás de todos estos hechos? A partir del 20 de junio del 2008, Ecuador eliminó la visa de turismo a los ciudadanos de todo el mundo.

En ese entonces, el Gobierno señaló que con esta medida se aplica el principio de libre circulación de personas y que se quería fortalecer las relaciones con otras naciones.

Pero dos años después, el país volvió a imponer visas a nueve países y ahí ya se alertó de que la apertura de las fronteras también era usada por las mafias internacionales que traficaban con personas.

Eso también se detectó con los cubanos y por eso el 1 de diciembre del año pasado se anunció la visa para ellos.

De hecho, al comunicar la medida, las autoridades dijeron que era para precautelar la integridad de los extranjeros.

Ahora, los isleños reclaman al Gobierno ecuatoriano que se aplique el principio de ciudadanía universal que fuera aprobado en la Constitución de Montecristi, en el 2008.

El art. 416 (numeral 6) sostiene que Ecuador impulsa precisamente ese principio, además “la libre movilidad de los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”.

Albán dice que todo eso fue violado en esta ocasión. “Son enunciados líricos; no hay una implementación efectiva”.
Además, el numeral 7 de ese mismo artículo refiere que el país “exige el respeto de los derechos de los migrantes”.
El Ministerio del Interior indica que aquello sí se ha cumplido en el caso de los cubanos.

“El trámite de deportación se lo realizó respetando el debido proceso, respetando irrestrictamente los derechos humanos de los ciudadanos y confirmando su perfecto estado de salud”, señaló esta Secretaría de Estado el sábado, cuando anunció el retorno de 29 personas hacia La Habana.

Incluso se difundió fotos de la alimentación entregada.
Hasta ayer, los deportados decían una cosa distinta. La periodista de Radio Martí, Yolanda Huerga, entrevistó por teléfono en Cuba a Lidia Vega García, quien formó parte del grupo enviado de Ecuador. Y allí dijo lo siguiente: “Nos llevaron para el aeropuerto con malos tratos después de sacarnos de la Unidad de Flagrancia.

Ahora, a todos nos celebraron la audiencia. Y cuando llegamos, las autoridades cubanas nos metieron a Migración para hacernos una revisión de una hora. Hay que aclarar que llegamos a Ecuador el 28 de abril y teníamos derecho de estar ahí hasta el 30 de julio”.

En Ecuador los relatos de los que quedan son similares. Hablan de golpes, de que les quitaron sus pertenencias y que no podían defenderse. El Gobierno asegura que en todo momento se respetó al grupo.

Por ahora, los migrantes han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgue las medidas cautelares por lo menos para quienes todavía quedan en el Ecuador. Los grupos de DD.HH. enviaron por e-mail una alerta de lo que sucedía con los isleños en el Ecuador y esperan una respuesta.

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