22 de diciembre del 2016 00:00

Duras críticas de los candidatos a la presidencia al desempeño del Cpccs

Los ocho candidatos a la Presidencia de la República de Ecuador que participaran en las elecciones del 2017. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los ocho candidatos a la Presidencia de la República de Ecuador que participaran en las elecciones del 2017. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Política
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Bajo la idea de construir un Estado participativo, en el que se consolide el poder ciudadano, la Constitución de Montecristi creó las bases para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Esta entidad forma parte de la Función de Transparencia y Control Social.

La idea fue que la misma sociedad vigile el uso transparente de lo público y colabore en la lucha contra la corrupción. Según el Cpccs, el 70% de los ecuatorianos decidió considerar a la participación como un derecho y es esta institución la encargada de velar por su cumplimiento.

La entidad debe hacer viable la lucha contra la corrupción. En este año ha recibido 300 denuncias, de las cuales 188 entraron a trámite. Las demás fueron derivadas a otras instituciones o fueron inadmitidas. Se conforman entre 120 y 130 veedurías por año.

El Cpccs se encarga de los procesos de selección de autoridades de control. En el 2016 designó a los nuevos superintendentes de Bancos y Seguros y de Compañías, además de que dirigió la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Ahora trabaja en la designación de las nuevas cabezas de la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y de los Consejos de Igualdad. Antes, la mayoría en el Congreso designaba a estas autoridades.

El Cpccs vigila que las instituciones públicas y las privadas que manejen fondos públicos rindan cuentas. Según el Consejo, entre 1998 y 2009 lo hacían entre 10 y 15 organismos y en el 2016 lo hicieron 5 500.

Quienes piden que desaparezca “tienen miedo de los procesos de impugnación ciudadana, quieren recuperar la opacidad del Estado para repartirse en cuotas y que cada sector se beneficie y satisfaga sus intereses”, según Raquel González, presidenta del ente. Ella agrega que los derechos deben ser progresivos y que eliminarla sería un retroceso.

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