8 de agosto de 2014 00:05

Las críticas a las cadenas de la Secom vienen desde el 2009

Benoit Hervieu, representante de Reporteros Sin Fronteras.

Benoit Hervieu, representante de Reporteros Sin Fronteras.

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Redacción Política

Los ojos de organismos internacionales a favor de la libertad de expresión se centran en Ecuador desde el 2009.

Una de las razones frecuentes desde entonces es el uso de cadenas de radio y TV dedicadas a difundir temas que no son informativos y que no se relacionan con políticas u obras que realiza el Gobierno.

El último caso es la polémica campaña de la Secretaría de Comunicación (Secom) llamada “La ciudadanía le habla a los medios”, en la cual se entrevista a personas que opinan y desprestigian a periodistas.

Ecuavisa protestó ante la transmisión de estos spots, en los que se discriminó a su presentador, Alfonso Espinosa de los Monteros. Después de ello, la campaña fue suspendida.

Según la Ley de Comunicación, artículo 74, la cadena nacional o local se usa “única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia (del Gobierno) cuando sea necesario para el interés público”. Pero el tema estaba en discusión desde el 2009, cuando se inició el debate de la normativa en la Asamblea Nacional.

Human Rights Watch pidió en ese entonces que la nueva ley regule adecuadamente “la obligación impuesta a todos los canales de radio y TV de transmitir discursos oficiales en cadena”.

En una carta dirigida al entonces presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, la organización señala que tal como estaba el proyecto y finalmente fue aprobado tiene un lenguaje vago.

“Podría justificar la difusión obligatoria de discursos en supuestos que excedan los casos razonablemente permitidos por las normas de derechos humanos”, señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Desde entonces, representantes de otros organismos internacionales han visitado el país. En 2011, una comitiva de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés) y elaboró un informe en el cual concluyen, entre otros puntos, que el uso de cadenas “para difundir un discurso combativo de estigmatización e intimidación de la comunidad periodística y a los empresarios de medios de comunicación no hace más que fomentar división y animosidad en la sociedad ecuatoriana”.

Mientras que en un informe especial del mismo año, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) también analizó las cadenas en el 2011. Allí, la organización criticó que estas propagandas se usen para interrumpir la programación en radio y televisión, como un “foro de confrontación política”.

Después de la aprobación de la Ley de Comunicación, en junio del año pasado, los cuestionamientos no han cesado, sobre todo porque la práctica ha ido en aumento. Según un informe de Fundamedios, desde el 2012, el número de cadenas en radio y televisión ha ido en aumento.

Esa fundación señala que entre 2007 y agosto del 2013, los medios tuvieron que transmitir 2 181 cadenas de la Secom, que equivalen a 15 621 minutos o 464,5 horas.
Por ello, Reporteros sin Fronteras (RSF) sugirió una regulación de estos espacios. B Benoit Hervieu, representante de la organización, se reunió con el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, en noviembre.


La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las más críticas con el uso de las cadenas. En su último reporte, presentado a inicios de este año, insiste en que “la información que los gobiernos transmiten a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información”.

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