2 de March de 2010 00:00

Crisis judicial

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Federico Chiriboga

La resolución de los conjueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional en el juicio seguido contra los señores Isaías, pone otra mancha a la justicia ecuatoriana. No es esta una opinión sobre el fondo de la decisión judicial, porque nadie que no conozca el proceso en su integridad, debe llegar a conclusiones sobre el pronunciamiento de los jueces, como es costumbre en la Fiscalía y otros altos funcionarios del Estado, que critican las sentencias cuando no son favorables a los intereses oficiales. Pero es evidente que el comportamiento de esa Sala añade un eslabón más a la cadena que tiene paralizada a la administración de justicia.

¿Serán responsables los tres conjueces con unas hojas de vida que con cualquier esquema de selección nunca habrían sido calificados? ¿O será culpable un sistema de administración de justicia que ha sido manipulado, según las conveniencias, por el poder político?

A grandes rasgos repasemos la historia: la crisis institucional empieza con el General Alfaro, que reorganizó la Corte Suprema para librarse de los magistrados conservadores. Desde 1906 hasta  2005 esa Corte sufrió 12 reorganizaciones. Febres Cordero no aceptó el nombramiento de los ministros por el Congreso y la cercó con tanques. Lucio Gutiérrez decapitó nuevamente a la Corte y vino la llamada “pichicorte" que duró seis meses. Después se dio un proceso de concurso y selección de magistrados, cuyos periodos tampoco fueron respetados, para entrar en el Gobierno de la revolución ciudadana.

 De acuerdo con el Régimen de Transición de la Constitución de Montecristi, a los 10 días de aprobado el referéndum cesaron en sus cargos los ministros de la Corte Suprema, disponiéndose que el Consejo Nacional Electoral organice un sorteo entre los 31 magistrados para escoger a 21 titulares.

 En primer término, ¿cómo podía sortearse entre jueces que por mandato constitucional habían dejado de serlo? En segundo lugar, los sorteados se negaron a aceptar los cargos, sin que el Régimen de Transición hubiere previsto una solución para este supuesto.

 El vacío jurídico que los asambleístas habían creado quedó formalmente resuelto por una consulta, que sin competencia, absolvió la Corte Constitucional, que se había proclamado asimismo como tal. Resolvió que el sorteo era válido y se sacó de la manga una fórmula mágica, por la cual la Corte Nacional se integró con los jueces que aceptaran el sorteo y por conjueces.

Los conjueces de la Sala Penal no son sino el resultado de estos procesos, que han desprestigiado a la función jurisdiccional, que ha perdido hasta su independencia, una vez que los fallos son cuestionados por el Jefe del Estado y los jueces sancionados por un Consejo de la Judicatura que hace tiempo dejó de hacer lo que debía.

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