26 de junio de 2017 00:00

Criminalística revela contenido de pendrive en el caso Odebrecht

El 2 de junio, la Policía allanó las oficinas de Diacelec, proveedora de Odebrecht. Archivo / EL COMERCIO

El 2 de junio, la Policía allanó las oficinas de Diacelec, proveedora de Odebrecht. Archivo / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Se trata de una nueva diligencia en el caso Odebrecht. El lunes 26 de junio del 2017, a las 10:00, peritos de Criminalística revelarán el contenido de un pendrive entregado a la Fiscalía por el denominado ‘Colaborador 1’, cuya identidad está bajo secreto judicial.

La semana pasada, medios brasileños informaron que José Conceição Santos, representante legal de Odebrecht en Ecuador, entregó a la justicia de ese país videos grabados clandestinamente de las reu­niones que mantuvieron funcionarios ecuatorianos durante los años que estuvo en el país (2012 hasta agosto del 2016).

La resolución fiscal, del jueves 22 de junio, no da más detalles sobre el ‘Colaborador 1’, pero sí se dice que dentro de ese dispositivo electrónico habría información relacionada con las dos investigaciones por asociación ilícita que, actualmente, se encuentran en etapa de instrucción fiscal. Siete personas son investigadas en ese delito, entre estas se encuentra Ricardo Rivera, quien está bajo arresto domiciliario desde el 3 de junio pasado, debido a su edad.

Por orden judicial, los siete procesados (cinco privados de la libertad en centros carcelarios y dos con arresto domiciliario) deberán asistir a la diligencia que se realiza hoy. La Fiscalía asignó a un capitán de la Policía el traslado del pendrive y recomendó que este proceso se realice bajo estricta cadena de custodia. El oficial debe sacarlo de la caja fuerte del despacho del Fiscal General, en donde se encuentra, y llevarlo al Centro de Acopio y Evidencias del Departamento de Criminalística, en la av. Mariana de Jesús, en Quito.

A las 10:00, tres peritos expertos en audio, video e informática exhibirán la información de una tarjeta de memoria de 8 gigabytes de capacidad. Este procedimiento lo harán bajo juramento y en presencia de la fiscal Diana Salazar, a cargo del caso, los siete procesados y sus abogados. Todo el procedimiento será reservado. Los abogados también deberán jurar que guardarán la reserva, pues así lo determina el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 477. Además, la Fiscalía solicitó la ayuda de la Defensoría Pública para que, en caso de inasistencia de algún jurista, esta diligencia no sea cancelada.

Pablo Díaz, abogado de los procesados José Catagua y Kepler Verduga, de la empresa Equitransa, dice que todavía no ha delineado la estrategia de defensa que seguirá una vez que se conozca el contenido de la tarjeta de memoria. “Como pueden haber videos de las reuniones que tenían los directivos de la constructora brasileña en la famosa suite del hotel, como puede no haber nada relevante. Luego de ver el contenido evaluaremos si impugnamos o no”, sostiene.

Según Marcelo Ron, abogado de Édgar Arias, principal accionista de Diacelec, analizará la diligencia de esta mañana desde dos visiones: qué tipo de información aporta y cómo fue obtenida. “Estamos tranquilos porque si hay algún video (de mi cliente) será solo de la relación comercial que tenía Diacelec con Odebrecht. Nada se hizo al margen de la ley”. Desde la visión legal, Ron cree que también se debe considerar si los videos o audios son auténticos y si se obtuvieron fuera de la ley, es decir sin la orden de un juez o sin responder a una investigación.

El Código Penal excluye todas las pruebas que se obtuvieron mediante la violación de la Constitución. En el artículo 470 se dice que: “no podrán grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros, sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación...”. También se dice que los únicos videos o grabaciones que se admiten como válidos son las imágenes registradas de modo espontáneo en el momento que se cometía el delito y que fueron registrados por los medios de comunicación, cámaras de vigilancia, por cualquier medio tecnológico, por particulares en lugares públicos y de libre circulación. Ivonne Núñez, abogada de Rivera, considera que esta diligencia debería realizarse de forma pública.

“No tenemos nada que esconder”, afirma la abogada, quien también confirmó que esta mañana insistirá en el pedido de revocatoria de la reserva del caso. Desde el 19 de junio, el proceso por asociación ilícita contra su cliente se maneja bajo sigilo legal, debido a que el juez Patricio Baño piensa que ese delito atenta contra la seguridad del Estado. Hoy la abogada presentará un escrito para que el caso vuelva a ser público.

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