14 de noviembre de 2015 00:00

Gobierno pide a las FF.AA. no politizar juicio de exmilitares

El lunes 9, la cúpula y otros altos oficiales llegaron a la CNJ para respaldar a sus compañeros. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

El lunes 9, la cúpula y otros altos oficiales llegaron a la CNJ para respaldar a sus compañeros. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Javier Ortega

Inadmisible. Intolerable. Inoportuno. El presidente Rafael Correa usó ayer esas palabras para valorar la presencia del Alto Mando militar en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el lunes anterior.

Ese día, la cúpula llegó a ese edificio para apoyar a sus cinco compañeros, hoy en retiro, acusados de perpetrar torturas físicas, psicológicas, sexuales y desaparición forzada contra Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, exintegrantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo.

El Mandatario fue duro. Dijo que con esa actitud “retrocedieron al país por décadas”.

“Qué pena que no se haya superado ese discurso tan simplista, tan elemental de defensa institucional. En un Estado de derecho no se persigue personas, peor instituciones, se persiguen delitos”, aclaró.

A Juan Pablo Albán, abogado de Cajas, Vaca y Jarrín, tampoco le agradó la presencia de los oficiales en la Corte. Él envío un oficio a Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., para que aclare cuál es la posición institucional frente al juicio de lesa humanidad.

La carta, de dos páginas, también fue enviada al Presidente.
Entre 1984 y 1986, cuando se perpetraron las presuntas torturas a los exmiembros de AVC, los cinco militares investigados integraron el Agrupamiento de Inteligencia Militar y el Grupo Especial de Contrainteligencia. Los documentos judiciales refieren que los uniformados se encargaron, entre otras cosas, de trasladar a Vaca a casas de seguridad, de ordenar acciones contra los detenidos y de callar las torturas que denuncia haber sufrido Cajas.

El Presidente aclaró ayer que es “incuestionable que se cometieron delitos en los 80”. Para él “está demostrado que hubo mujeres violadas, torturas, detenidos sin juicio”.
Por ahora, en Defensa hay incertidumbre sobre lo que pasará con los comandantes.

Ayer, al ministro Fernando Cordero se le consultó sobre la posibilidad de sancionar o hacer cambios en la cúpula militar. El funcionario respondió que Correa, como comandante en jefe de las FF.AA., “no puede sancionarlos”, pero sí “puede retirar a cualquiera del Alto Mando, en este caso al jefe del Comando Conjunto (Luis Garzón) o a los tres que él les ha nombrado”. Y eso se analizará con “serenidad”.

Ayer, EL COMERCIO se contactó con el Comando Conjunto de las FF.AA. Los oficiales evitaron hablar del tema y pidieron que cualquier entrevista se canalice a través del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, este Diario conoció que a la cúpula militar les “indigna” el juicio contra los cinco exuniformados y creen que “hay algún grado de manipulación”. Además, se supo que el Alto Mando y los 30 oficiales, entre coroneles y generales de las tres fuerzas (Aérea, Terrestre y Marítima) que llegaron el lunes a la Corte no consultaron con Cordero esa asistencia.

“No se puede dar permiso para cosas que no tienen sentido”, cuestionó Cordero.

De hecho, horas después de lo ocurrido el lunes, el Ministro se reunió con los uniformados y les pidió que “no confundieran sus roles y que no politizaran este tema (el juicio)”.

No solo eso. Pidió a los altos oficiales que si están indignados o tienen evidencias de distorsiones en la investigación, que los afectados se defiendan en el juicio, como lo establece “el debido proceso”.

Al Gobierno le llamó la atención la llegada de 30 militares a la Corte. El mensaje de ayer fue claro: si quieren ir nuevamente al juzgamiento de sus excompañeros que lo hagan vestidos de civil, de manera personal.

“Queremos unas FF.AA. profesionales (...) Estar en la Corte no tiene nada que ver con la función militar”, cuestionó Cordero. Parte de la actual cúpula fue designada por el presidente Correa en abril del 2014.

En contexto

La Comisión de la Verdad entregó en el 2010 un informe sobre las violaciones a los DD.HH. perpetradas entre 1984 y 2008 contra civiles. La Fiscalía indaga a 152 agentes de las FF.AA.; allí están los cinco oficiales juzgados por lesa humanidad.

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