5 de abril de 2018 00:00

Cpccs frenó la designación de fiscales con la evaluación

En la mañana, el presidente del Cpccs, Julio César Trujillo, anunció que “se acabarán los concursos mañosos”. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

El Consejo Transitorio se reunió ayer en Quito para aprobar las resoluciones de inicio de las primeras evaluaciones. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Mario Alexis González

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Los tres concursos de designación que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura (CJ) deben suspenderse. Así lo dispuso la resolución de inicio de la evaluación a esta entidad.

El documento fue aprobado ayer por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio.

Se trata de los procesos para nombrar a los 24 fiscales provinciales, 400 fiscales para distintas áreas y 700 vacantes administrativas judiciales.

Gustavo Jalkh, presidente del CJ, aseguró que la evaluación es “bienvenida”. Sin embargo, no está de acuerdo con que la evaluación suspenda los concursos de designación.

“La consulta popular estableció que haya una evaluación a las autoridades nombradas por el Consejo cesado, eso no implica que quienes estamos en funciones no cumplamos nuestras obligaciones”.

La resolución del Cpccs establece que si la suspensión no se acata de manera inmediata, se considerará como incumplimiento de funciones y se procederá de inmediato con la cesación de las autoridades del Consejo de la Judicatura.

Al enterarse de la decisión, la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador criticó la suspensión de los concursos, para unas 7 500 plazas. Afirman que la decisión ha causado preocupación entre los servidores judiciales que están participando y que venían trabajando por años bajo la modalidad de contratos.

Los vocales del CJ: Jalkh, Néstor Árbitro, Ana Peralta, Rosa Jiménez y Alejandro Subía, además, tienen siete días para presentar al Consejo transitorio un informe de gestión, desde el día de su posesión hasta ayer. Y Jalkh, como presidente, debe presentar uno adicional de manera general.

Y, durante cinco días, todas las delegaciones del Cpccs recibirán también denuncias ciudadanas de posibles infracciones de la Judicatura.

Estos insumos serán analizados por el equipo de investigación de la Secretaría Anticorrupción, que estará conformado por cinco personas, entre académicos, estudiantes y expertos en el ámbito judicial. Y tendrán el apoyo de un equipo técnico de la ONU.

Los informes de gestión deben ser presentados con base en los parámetros establecidos por el Consejo: legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana.

Ayer, el presidente del Cpccs, Julio César Trujillo, recibió la primera denuncia. El asambleísta Esteban Bernal (Creo) le entregó un informe de la Contraloría que detalla supuestas irregularidades en los concursos públicos del CJ.

El Consejo de Participación aprobó también otras tres resoluciones de inicio de evaluación. De la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Superintendencia de Bancos. El procedimiento será el mismo.

Luego de las evaluaciones, si el Consejo encuentra infracciones por omisión o acción de los funcionarios -según lo aprobado en la consulta- tendrá la potestad de cesarlos.

Y, posteriormente, el Consejo de Participación elegirá a sus reemplazos a través de concursos, con los nuevos reglamentos que está diseñando.

Trujillo adelantó que se incrementará la participación de las organizaciones civiles en los procesos. “Se acabaron esos concursos mañosos y las arbitrariedades”, añadió.

Recuperación de recursos

El Cpccs encargó ayer a su Secretaría de Lucha Contra la Corrupción iniciar el proceso de identificación de la ruta, el destino y la recuperación del dinero obtenido en el país mediante actos de corrupción.

La Secretaría realizará este trabajo en convenio con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, el Consejo dispuso a la Secretaría iniciar una investigación prioritaria sobre: Refinería del Pacífico, Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón, Refinería de Esmeraldas, Poliducto Pascuales – Cuenca.

También a la Hidroeléctrica Manduriacu (caso Caminosca), Reconstrucción de Manabí, Manejo de deuda pública, Construcción escuelas del milenio y de hospitales públicos.

En estos temas hay procesos judiciales en marcha. Pero el Cpccs busca indagar qué pasó con los contratos que no se consideraron en estas investigaciones o que terminaron en sentencias leves, que no satisfacen a la ciudadana.

Además, la Secretaría tendrá que preparar una propuesta de Sistema de Transparencia.

Patricio Rivera fue cesado

Ayer, el hasta entonces superintendente de Economía Popular, Patricio Rivera, fue cesado por el Cpccs.

Rivera incumplió la Ley de Servicio Público al posesionarse 235 días después de su designación. Durante ese periodo, fue ministro de Economía del expresidente Rafael Correa y después consejero presidencial de Lenín Moreno.

Al ser notificado de su evaluación, Rivera decidió no acudir y envió una carta. Ahí el exfuncionario dijo que el Consejo adelantó criterio y violó el debido proceso, ya que fue un informe previo el que estableció el cese de sus funciones.

Trujillo informó que estará a cargo el siguiente funcionario de la Superintendencia en jerarquía, hasta que se designe a la autoridad..

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