Sin duda, aunque se diga lo contrario en insistentes campañas publicitarias gubernamentales, no fue una actitud visionaria y prudente de las autoridades confiar en que, al menos por este año, las lluvias ocultarían el problema de la falta de generación eléctrica y la falta de decisiones de corto plazo.
Desde ahora, según los anuncios oficiales, descenderá en un 50% la escasez de fluido eléctrico gracias a la apresurada compra a los países vecinos, pero eso -que en apariencia es una solución- en realidad significa seguir postergando las decisiones claves y continuar gastando enormes sumas de dinero para pagar la importación de un servicio estratégico que, por seguridad nacional, productividad y soberanía, debiera ser totalmente autónomo.
Tampoco es una garantía que se declare la emergencia pues, como lo ha demostrado la historia de los últimos 15 años en el país, ese oneroso mecanismo varias veces ha servido para cubrir las contingencias del momento pero no para tomar decisiones de mediano y largo plazos.
Si bien es clara la irresponsabilidad de los regímenes anteriores para prever las medidas pertinentes a fin de que el país contara con la energía necesaria, es inocultable, aunque se diga lo contrario, que se cometieron graves errores en el presente Gobierno.
El propio ex ministro de Energía del gobierno de Rafael Correa, Alberto Acosta, pregunta acerca de la efectividad de sus sucesores en el cargo. Según él, en su gestión se diseñaron planes específicos para evitar los apagones mientras se construyeran las grandes centrales hidroeléctricas, pero ni el ex ministro Mosquera ni el actual tomaron las decisiones adecuadas. Ahora se adoptarán medidas de urgencia, normalmente mucho más costosas que las regulares.