En forma sorpresiva, sin anuncio oficial previo, el país ha comenzado a sufrir de nuevo los molestosos cortes de energía eléctrica, que alteran la normalidad de los hogares, afectan al sector productivo, generan problemas en las actividades cotidianas y producen caos vehicular.
Es verdad que durante las últimas décadas hubo irresponsabilidad en los gobiernos porque no asumieron políticas de Estado para ejecutar grandes proyectos hidroeléctricos, pese a contar con enormes potencialidades.
Por ello, debe reconocerse que en esta administración se ha impulsado la ejecución de obras destacadas en este campo. El caso del proyecto Mazar, que estaría listo el próximo año. Sin embargo, durante los últimos años el país se había olvidado de los apagones, incluso en épocas normales de estiaje, por la adopción de medidas planificadas que no eran las definitivas pero evitaron la crisis y se dejó de depender solo de la naturaleza y las lluvias.
Lo que ha vuelto a suceder es lamentable y demuestra negligencia burocrática que se advierte en el mismo Decreto Ejecutivo 89, del 12 de octubre último. Ya en enero de este año, según sus considerandos, se habló de una “grave crisis energética” y por ello se buscó “una rápida solución a la situación emergente del país”, con la ayuda del Gobierno cubano, que no llegó.
Han transcurrido 10 meses y la solución sigue pendiente pese a que se conocía que regularmente en octubre empieza el estiaje en el Austro y eso afecta a los caudales de agua de la principal central de Paute. Esta situación ha merecido el rechazo y la indignación ciudadanas y el Gobierno está en la obligación de establecer responsabilidades a esta demora injustificada y negligencia administrativa.