Ciro Guzmán, uno de los abogados de los 10 de Luluncoto, tras la audiencia de casación. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Los 10 jóvenes sentenciados por presuntos actos de terrorismos volvieron esta mañana a los despachos judiciales. Desde las 08:30 de este jueves, 10 de marzo de 2016, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) instaló la audiencia de casación por el caso denominado ‘Los 10 de Luluncoto’.
El 3 de marzo del 2012, 10 jóvenes fueron detenidos en un departamento ubicado en Luluncoto, un barrio en el sur de la capital, en el operativo denominado Sol Rojo.
El grupo fue acusado del supuesto delito de tentativa de actos de terrorismo, por la explosión de tres bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca en el 2011.
En febrero de 2013, la Justicia condenó a los sospechosos a un año de prisión.
Dos de las procesadas, Cristina Campaña y Abigaíl Heras, permanecieron 12 meses en la cárcel de El Inca. En tanto que otros siete estuvieron detenidos nueve meses hasta su liberación, mediante el recurso de hábeas corpus.
La tercera mujer, Fadua Tapia, permaneció con arresto domiciliario por cinco meses, debido a su estado de gestación. En su casa, mujeres policías la vigilaban 24 horas.
Esta tarde, luego de cuatro horas de audiencia, Zulema Pachacama, quien presidió la audiencia en la Sala Penal de la CNJ, suspendió la diligencia. Y comunicó que la reinstalaría pasadas las 16:00 para emitir el fallo.
Sin embargo, poco antes de las 17:00, la Sala Penal indicó que necesitan más tiempo para deliberar, según el defensor de los 10 jóvenes, Ciro Guzmán Aldaz.
En esta diligencia, la CNJ debía ratificar si los 10 jóvenes son responsables de actos terroristas o si son inocentes de ese delito.
De acuerdo a información difundida a través de la cuenta de Twitter de Guzmán, los magistrados aún no han fijado una fecha para la reanudación de la audiencia.
En caso de que se acepte la casación, los jóvenes que aún deben parte de la condena quedarían libres. También hay una acción en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se espera elevarla a la Corte Internacional.