22 de diciembre de 2015 13:08

La CorteIDH condenó al Ecuador por la muerte de un menor de 16 años

La Corte fijó una indemnización compensatoria por daños materiales e inmateriales. Foto: Pixabay

La Corte fijó una indemnización compensatoria por daños materiales e inmateriales. Foto: Pixabay

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Agencia EFE

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó hoy (22 de diciembre) al Estado ecuatoriano como responsable por la privación arbitraria de la vida del menor José Luis García Ibarra, de 16 años, por parte de un funcionario de la Policía hace 23 años.

La Corte consideró que el proceso penal interno no constituyó un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina sobre el modo y circunstancias en que García Ibarra fue privado de su vida.

Además, la sentencia indica que el Estado no brindó una explicación satisfactoria sobre la legitimidad del uso letal de la fuerza por parte de un agente de la Policía en contra de un adolescente que "no representaba algún peligro que requiriera defensa propia de la vida o de otras personas".

El caso, que se remonta al 15 de septiembre de 1992, cuenta con dos versiones de los hechos que hasta el momento no han podido ser corroboradas.

La primera es la declaración de la madre de la víctima, Vicenta Ibarra, y testigos que estaban en el lugar, quienes indicaron que el joven se encontraba en un sitio público con un grupo de amigos cuando el policía se acercó, tuvo una riña con otro adolescente al cual golpeó, y que cuando Ibarra le reclamó el agente le disparó deliberadamente.

Por su parte, la versión que brindó el policía en los tribunales del Ecuador expresa que, efectivamente, llegó al lugar, que peleó con uno de los jóvenes, pero que el arma se le activó involuntariamente provocando por accidente la muerte de Ibarra.

Sobre el caso, un juez del Ecuador condenó al oficial, de apellido Cortés, por homicidio simple, que se castiga con ocho años de cárcel, pero posteriormente un segundo juez dictó homicidio no intencional y 18 meses de prisión.

En la sentencia la CorteIDH calificó que el proceso penal estuvo en situación de inactividad injustificada por más de siete años, sin que la práctica y seguimiento de diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos fuera la razón de tal demora en un caso que no revestía mayor complejidad.

El Tribunal concluyó que el Estado ecuatoriano incumplió con el principio del plazo razonable respecto de la duración del proceso penal interno.

Por lo tanto, para la Corte el proceso penal interno no satisface las obligaciones del Estado de garantizar los derechos de los familiares de acceso a la justicia y a conocer la verdad sobre la privación arbitraria de la vida en perjuicio de su madre Vicenta Ibarra, su padre Alfonso García y sus hermanos Ana Lucía, Lorena Monserrate, Luis Alfonso, Santo Gonzalo, Juan Carlos y Alfredo Vicente.

La Corte fijó por daños materiales una indemnización compensatoria por pérdida de ingresos tras la muerte de José Luis García Ibarra por el monto de USD 180 000 que deberá ser entregado a la madre y al padre. Así como USD 500 por gastos funerarios y USD 2 500 por pérdidas económicas.

Por daño inmaterial, indicó que por la muerte de José Luis García Ibarra el Estado del Ecuador debe entregar el monto de USD 60 000, a su madre la cantidad de USD 35 000, a su padre USD 20 000, mientras que a sus tres hermanos USD 10 000 a cada uno. Así como cubrir los gastos del juicio. 

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