27 de octubre del 2015 00:00

La Corte Constitucional se renueva el 6 de noviembre

Ruth Seni

Ruth Seni (derecha) abraza a María del Carmen Maldonado luego de que el sorteo designara a esta como jueza saliente. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal
y Paúl Zamora 
Redactores (I)
politica@elcomercio.com

A María del Carmen Maldonado, Marcelo Jaramillo y Antonio Gagliardo les tocó en suerte abandonar sus cargos como jueces de la Corte Constitucional. Ayer, a las 16:00, la sala de reuniones de la Comisión Calificadora para renovar parcialmente el organismo estaba llena.

Por un lado, el Pleno de la Corte estaba instalado, esperando saber quiénes serían los favorecidos. Por otro, familiares e invitados, visiblemente nerviosos, aguardaban el sorteo. Los seis delegados por las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia instalaron su 11° sesión, la última del proceso que se inició en junio.

Dennise Franco tuvo la tarea de escribir de su puño y letra los nombres de los nueve jueces, en pequeños papelitos adhesivos amarillos. Los dobló y los colocó dentro de un recipiente de cristal. En menos de un minuto la suerte estaba echada. Entre la sorpresa y resignación, los jueces sorteados se abrazaron, primero, de sus compañeros, y luego de amigos y familiares. Después accedieron a que los medios les hicieran fotos y tomas de video. Pero prefirieron no hablar.

Trabajarán hasta el próximo 5 de noviembre. El 6 de noviembre, sus sucesores Pamela Martínez, Roxana Silva y Francisco Butiñá se posesionarán de sus nuevos cargos. Hasta ese día también presidirá el organismo Patricio Pazmiño, quien en enero se posesionará oficialmente de su cargo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al finalizar el sorteo, Pazmiño dijo que cumplirá a cabalidad la normativa vigente en ambas cortes. Aclaró que ni la norma constitucional ni la interamericana impiden que él pueda actuar como juez en ambos sitios. Recordó que ya existió un caso de un miembro del antiguo Tribunal Constitucional (Hernán Salgado Pesantes), quien fue también juez del organismo internacional.

Además, Pazmiño dijo que el proceso ha sido transparente. “Esto no hace más que consagrar que la institucionalidad del Ecuador funciona, trabaja y se somete a la normativa vigente”. Además, agradeció a los 3 jueces que “por mandato del azar” dejarán la Corte y reconoció “su desempeño profesional, su amistad, su solidaridad y su enorme entrega al trabajo de la Corte Constitucional”.

Desde el Legislativo la evaluación que se realiza a la CC depende del sector político. Para los opositores, las resoluciones del organismo han favorecido al Gobierno y ponen en duda su independencia.

“Hemos tenido Corte Constitucional en la forma, pero no en el fondo pues no existe independencia para expedir las resoluciones, de acuerdo a una interpretación sana”, opinó Ramiro Aguilar. Para él, una de las últimas acciones polémicas es haber negado a los ciudadanos la posibilidad de decidir, en consulta popular, los cambios en la Constitución y haber definido, en cambio, que la ruta era una enmienda.

El legislador Luis Fernando Torres, quien presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Comunicación en el 2013 –que fue negada- también cuestiona su independencia. Se refiere a otros dos casos en los que la CC actuó, según su criterio, a favor del poder: A finales del 2012, la CC reconoció al método D’Hont para el cálculo de escaños en elecciones como válido, pese a que opositores advertían que este favorecía a las mayorías otorgándole casi todos los escaños, aunque obtuvieran mayoría simple en los comicios.

En marzo del 2012, declaró la inconstitucionalidad del artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La demanda fue presentada por el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Con esa decisión pudo sancionar o vetar parcial o totalmente las reformas legislativas aprobadas por la Asamblea.

Fausto Cayambe de Alianza País niega que el organismo haya actuado a favor del oficialismo: “han cumplido su papel y han despachado en el marco de sus competencias”.

Pone como ejemplo que sobre el tema de enmiendas, plantearon un paquete de 17 cambios y después de cuatro meses, con un dictamen argumentado, la CC dictaminó que solo 16 de ellos eran viables.

Fabián Jaramillo

Antes de ser nombrado juez se desempeñó como asesor jurídico de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) y asesor legislativo. También es catedrático.

María del Carmen Maldonado


Diputada alterna por la ID y exasesora de Fernando Cedeño. Fue la jueza ponente de las demandas contra la Ley Orgánica de Comunicación.

Antonio Gagliardo

Es hermano del asambleísta Gastón Gagliardo de Alianza País. Fue fiscal del Guayas y en ese cargo archivó el proceso “Chucky Seven”, dentro del caso contra El Universo.

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