29 de marzo del 2016 00:00

Corte ha admitido un caso sobre las enmiendas

En diciembre del 2015, Marcelo Larrea, de Democracia Sí, pidió archivar las enmiendas. Archivo / Patricio Terán / EL COMERCIO

En diciembre del 2015, Marcelo Larrea, de Democracia Sí, pidió archivar las enmiendas. Archivo / Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Política

Con la frase: “¡Jóvenes como tú son capaces de mover montañas!”, en Twitter. Así el presidente Rafael Correa contestó a Pamela Aguirre, una de las líderes del colectivo Rafael Contigo Siempre, cuando la Corte Constitucional (CC) admitió a trámite su pedido de consulta popular para permitir su reelección en el 2017.

La solicitud de la agrupación llegó a la Corte el 1 de marzo pasado y fue admitida siete días después. Mientras que otros 10 casos, interpuestos a partir de diciembre del 2015, aún esperan respuesta. Y los seis más antiguos, ingresados a partir de julio del 2014, fueron inadmitidos más de dos o cinco meses después de haber sido presentados.

Entre las 16 causas, según el sistema de gestión de la Corte Constitucional, hay demandas de inconstitucionalidad, pedidos de reforma constitucional y otras solicitudes de consulta popular, y de estas últimas ninguna fue admitida.

Ni el mismo pedido del movimiento oficialista Alianza País para aprobar el proceso de enmiendas fue admitido con tanta brevedad. En ese entonces la Sala de Admisión dio trámite después de más de un mes, exactamente 34 días.

Cuando presentaron el proyecto de enmiendas, Gabriela Rivadeneira, presidenta del Legislativo, pidió a los jueces, “celeridad en el tratamiento de estas reformas que responden a los nuevos tiempos del desarrollo político y social del Ecuador”. Y cuando ya fueron aprobadas defendió la decisión de los magistrados argumentando que fue porque cumplieron con todos los procesos y requisitos.

¿Cuál es la diferencia entre estos pedidos y el de Rafael Contigo Siempre? El constitucionalista Juan Francisco Guerrero explica que cuando hay causas de intereses políticos significativos los jueces son “especialmente ágiles o lentos”. Todo depende de la coyuntura. Pero aclara que el orden de admisión y tratamiento debería ser cronológico, aunque no existe una obligación legal que lo establezca.

Antonio Gagliardo, exjuez de la Corte Constitucional, señala que el trámite es realmente lento por la metodología de trabajo dispuesta en la Ley de Control Constitucional y Garantías Jurisdiccionales.

Por ejemplo, cuenta que la Sala de Admisión sesiona una sola vez al mes y está compuesta por tres jueces diferentes en cada ocasión.

Según Gagliardo, hay ocasiones en que, por ejemplo, la Sala tiene 400 casos pendientes y se selecciona al azar cuáles serán revisados para ver si cumplen con los requisitos de admisibilidad. Y que los plazos solo empiezan a correr una vez que el juez sustanciador, sobre quien recayó la causa admitida tras el sorteo, avoca conocimiento del caso.

Gagliardo y Guerrero enfatizan que tampoco existe un orden legal o plazo para que el juez conozca la causa. Y el primero explica que esto depende del magistrado y su equipo de trabajo, ellos son quienes deciden a qué casos dar prioridad, y después viene la espera para que el informe de sentencia llegue al pleno de la Corte Constitucional.

De las causas rezagadas, referentes a las enmiendas constitucionales que han sido impulsadas por el movimiento oficialista Alianza País, todas cuentan ya con la certificación de la Secretaría General, que indica si hay otros casos relacionados que han sido resueltos, inadmitidos, en sustanciación o sentenciados, ya sea positiva o negativamente.

Esto, precisa Guerrero, no implica que necesariamente que sean desechadas, pero permite que la Corte Constitucional decida la acumulación de las causas que tengan la misma naturaleza y objetivo, aunque demanden la inconstitucionalidad total o parcial de las enmiendas. Además, evita que existan dictámenes contradictorios.

Otras organizaciones afines al Gobierno tampoco han corrido con tanta suerte. El Parlamento Laboral Ecuatoriano presentó, el 7 de enero, una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo de las enmiendas que eliminó la contratación colectiva. Marcelo Solórzano, uno de sus dirigentes, comenta que la causa no se ha admitido a trámite aún y que no les queda más que esperar.

Gilmar Gutiérrez, asambleísta del PSP, es quien más demandas ha planteado sobre el tema. Hizo un pedido de reforma constitucional y dos de consulta popular. Todos fueron negados y, según él sostiene, la diferencia de actuación de los jueces es total cuando se trata de proyectos que van contra los intereses políticos del Gobierno.

Sin embargo, Gutiérrez indica que todos los accionantes acuden a la Corte de todas formas, “porque hay que dejar constancia”, ya que en términos legales no van a obtener resoluciones, y que los jueces van a tener que responder en algún momento por sus actuaciones.

En contexto

El bloque legislativo de Alianza País presentó el paquete de enmiendas constitucionales en la Corte Constitucional el 26 de junio de 2014. Y, después del visto bueno de la entidad, las aprobó en el pleno de la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015.

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