21 de noviembre de 2016 13:24

Consejo Electoral recibió dictamen favorable para realizar consulta popular sobre paraísos fiscales

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Mario Alexis González
Y Sara Oñate

Solo falta el Decreto Ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) empezará la planificación de la consulta popular planteada por el presidente Rafael Correa sobre la pertinencia de que funcionarios públicos tengan bienes y capitales en los denominados paraísos fiscales.

La mañana de hoy, lunes 21 de noviembre del 2016, Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, informó, a través de su cuenta de Twitter, que recibió la notificación del dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC) a la propuesta del Ejecutivo.

"Importante: CC notificó al CNE con dictamen favorable de Consulta Popular sobre Paraísos Fiscales. Con dictamen y decreto ejecutivo, CNE deberá aprobar plan operativo, cronograma, presupuesto y convocar a consulta en los plazos de Ley", posteó el funcionario.


La propuesta de Correa incluye la petición de que la consulta se la realice en el proceso eleccionario del próximo febrero, en el que se elegirá a presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos.

La pregunta propuesta y aprobada por la CC es: ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?

Luego de la publicación del Decreto presidencial, el CNE convocará en el plazo de quince días a la consulta popular, que deberá efectuarse en el plazo de 60 días. Por lo que para que el proceso se dé a la par que las elecciones del próximo año, el decreto deberá emitirse hasta el 4 de diciembre.

Una vez que se obtengan los resultados, si triunfa el Sí; en el plazo de un año la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes para que se ajuste a la nueva normativa.

Durante este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán dar cumplimiento al nuevo mandato, caso contrario podrían ser destituidos.


El pasado 18 de noviembre, la Corte Constitucional declaró legal la pregunta, presentada por el presidente Rafael Correa, sobre la propiedad de dinero y bienes en paraísos fiscales por parte de funcionarios públicos y autoridades de elección popular.

Para la aprobación de la propuesta se requiere al menos la mitad más uno de los votos válidos, es decir, 6,4 millones. Según estipula el Código de la Democracia, los gastos de la consulta deberán imputarse al Presupuesto General del Estado.

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