16 de abril de 2018 00:00

Corte Constitucional tiene más de 10 000 casos pendientes

La CC sesionó en noviembre pasado para tratar las preguntas de la consulta popular. Foto: archivo / EL COMERCIO

La CC sesionó en noviembre pasado para tratar las preguntas de la consulta popular. Foto: archivo / EL COMERCIO

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Mario Alexis González
Redactor
politica@elcomercio.com (I)

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Desde que el actual período de la Corte Constitucional (CC) se instaló, en noviembre del 2012, 12 863 casos han sido admitidos a trámite. De estos expedientes, 2 635 han recibido un dictamen o sentencia. Es decir, que solo se resolvió el 20,49% de las causas. Estos datos son públicos en el Sistema de Gestión de la entidad, en su página web.

La Corte tiene nueve jueces. Pero, en los cinco años y cinco meses de gestión, hubo 13 magistrados. De ellos, cinco se mantuvieron durante todo el período; tres entraron en el 2015, por una renovación parcial; y una jueza ingresó en el 2016, tras la renuncia del expresidente Patricio Pazmiño.

Todos los funcionarios, y la CC en general, han sido criticados por la falta de independencia con el Ejecutivo, sobre todo durante el período del expresidente Rafael Correa.

Cinco de los nueve magistrados actuales desempeñaron cargos en el Régimen pasado. La vicepresidenta del organismo, Pamela Martínez, por ejemplo, fue asesora del despacho de Correa.

Casos propuestos desde el oficialismo o que defendían tesis favorables al Gobierno fueron tramitados rápidamente.

Antes del 2015, en meses se resolvieron temas como la inconstitucionalidad del artículo 72 de la Ley Legislativa, para que el Presidente pueda vetar normas interpretativas.

Con el inicio de la administración de Lenín Moreno, en cambio, la situación fue mutando. La consulta popular propuesta por el Mandatario nunca fue calificada por la CC, ya que pasaron 37 días y no hubo una respuesta, cuando el plazo máximo es de 20 días.

Moreno pidió a la Contraloría revise posibles sanciones por la demora de las juezas Tatiana Ordeñana y Marien Segura, a cargo de las preguntas. Y esta entidad solicitó a la Corte que analice ese tema. Pero no se ha incluido en la agenda.

Después de estos hechos polémicos, la CC tomó tres decisiones sorpresivas. En una sesión extraordinaria, declaró la inconstitucionalidad a la eliminación del 40% de aporte del Estado a las pensiones del IESS, el límite a las utilidades de los trabajadores y la vulnerabilidad a la libertad sindical. Estas demandas se presentaron en el 2015.

Dos días antes de esa sesión, Moreno dijo: “Esperamos que la CC restituya derechos a utilidades y aporte del Gobierno a la seguridad social”.

Esta apertura de la Corte y del Ejecutivo para retomar demandas hechas a reformas y decisiones tomadas en el Gobierno anterior genera expectativa entre sectores políticos y sociales que presentaron casos que no han sido tramitados. El sector sindicalista, por ejemplo, tiene pendiente la demanda de inconstitucionalidad a las enmiendas del 2015, al Decreto 813 y a la Ley de Optimización del Empleo juvenil.

José Villavicencio, presidente del FUT, cree que el fallo reciente abre una esperanza para que “renazca el derecho para la seguridad jurídica en el país”. Y asegura que definirán acciones para seguir presionando.

No lo ve así Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari. El sector indígena espera por fallos desde el 2012. Los casos emblemáticos -dice- son la Ley de Aguas, la consulta popular para Quimsacocha y el Decreto 16. Ellos esperarán que el Consejo transitorio de Participación Ciudadana arranque la evaluación a la CC para pedir la destitución.

El mismo contralor Pablo Celi solicitó que se declaren inconstitucionales las enmiendas a los artículos 211 y 212 de la Carta Magna, sobre el control de la Contraloría a la gestión pública.

El constitucionalista David Ochoa explica que la demora de la Corte y la acumulación de casos se debe, en gran parte, a que con la Constitución del 2008 la entidad adquirió nuevas facultades como el control previo, los estados de excepción y la revisión de sentencias ordinarias. Pero no se aumentó el número de jueces.

Rectificación
A pedido de la Corte Constitucional 


Documento de rectificación de la CC. 

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