Corte condena a cinco personas que incursionaron en las instalaciones de Ecuador TV, el 30 de septiembre del 2010. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La Corte Nacional de Justicia fijó una condena de 18 meses de cárcel para los cinco procesados tras la irrupción a las instalaciones de la televisora Ecuador TV, durante la protesta policial del 30 de septiembre del 2010.
La audiencia de casación se desarrolló la mañana de hoy, miércoles 21 de octubre, en la Sala Penal de la CNJ, en el norte de Quito.
Meses antes, la Corte Provincial de Pichincha condenó a los sospechosos a cuatro años de cárcel. Ahora la pena se modificó a 18 meses.
Por este caso, la Fiscalía procesó a 13 personas. Sin embargo, dos fueron indultadas por el presidente Rafael Correa, a otras cuatro se les declaró inocentes y dos permanecen asiladas en República Checa.
Patricio Armijos, abogado de tres de los cinco sentenciados, cuestionó la decisión de la Sala Penal y aclaró que no actuaron con premeditación ni alevosía. Tampoco lideraron la irrupción a la televisora. “Estaban gritando dictadura no, democracia sí. Nada más”, comentó Armijos a EL COMERCIO.
Los procesados comentaron que no saldrán del país y esperarán la notificación escrita de la sentencia. Antes de esta resolución, los cinco investigados tenían medidas sustitutivas a la prisión. Sin embargo, una vez que se ejecutoríe la sentencia de la Sala Penal, la Policía podría detenerlos.
Armijos señaló que el siguiente paso será la vía internacional. Presentarán el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cinco años después de la protesta policial, la Fiscalía mantiene activos 41 procesos judiciales en 17 provincias. La mayoría de causas está en Pichincha, concretamente en Quito, epicentro de la insubordinación del 30-S.
La Fiscalía todavía intenta dilucidar si hubo un posible golpe de Estado o si se cometió un secuestro contra el presidente Rafael Correa.
Además aún no se conoce quiénes perpetraron la muerte de los soldados Darwin Panchi y Jacinto Cortez. Las investigaciones de estos crímenes se mantienen en indagación previa, es decir, todas las diligencias son reservadas.