15 de diciembre de 2014 18:14

Corte Interamericana condena a Argentina por violación de derechos de militares

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Agencia AFP
San José

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado argentino por violaciones de los derechos de 20 militares juzgados por fraude en un proceso iniciado en 1980, informó este lunes 15 de diciembre el tribunal internacional, con sede en San José.

“La Corte declaró que el Estado es internacionalmente responsable por haber violado los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia”, previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio de 18 de los 20 militares.

Asimismo, concluyó que el Estado violó el derecho a ser asistido por un defensor letrado de su elección a los 20 involucrados en el caso, conocido como “Hugo Oscar Argüelles y otros”.

En 1980, los militares fueron detenidos bajo cargos de asignar de modo irregular créditos de diversas unidades de la Fuerza Aérea Argentina, de los cuales se beneficiaron posteriormente, así como de falsificar documentos para estos propósitos.

“Durante un periodo de aproximadamente tres años desde la ratificación de la Convención Americana por parte Argentina, 18 de las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva”, indicó la Corte.

En junio de 1989, los 20 solados fueron condenados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, presentaron recursos ante la jurisdicción ordinaria, y fueron juzgados por la Cámara Nacional de Casación Penal, en marzo de 1995, la que acortó las penas y absolvió a uno de los acusados.

Respecto al plazo razonable del proceso judicial, la Corte consideró que durante la tramitación del proceso en sede interna, el Estado incurrió en una falta de razonabilidad del plazo en el juzgamiento de los procesados.

La Corte declaró que su sentencia constituye en sí una reparación para los afectados y, adicionalmente, ordenó al Estado publicar el resumen oficial de la sentencia y pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño inmaterial y reintegrar los costos del juicio, entre otros gastos.

La Corte advirtió que supervisará el acatamiento íntegro de su sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

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