14 de julio de 2016 11:21

La Corte tiene 20 días para decidir sobre la consulta de paraísos fiscales planteada por el Ejecutivo

Alexis Mera presentó la propuesta de consulta popular planteada por el Ejecutivo para intentar evitar que las autoridades públicas, de elección o designación ejerzan si tienen capital en paraísos fiscales. Foto: EL COMERCIO

Alexis Mera presentó la propuesta de consulta popular planteada por el Ejecutivo para intentar evitar que las autoridades públicas, de elección o designación ejerzan si tienen capital en paraísos fiscales. Foto: EL COMERCIO

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Adriana Noboa

Alexis Mera presentó hoy, 14 de julio de 2016, la propuesta de consulta popular planteada por el Ejecutivo para intentar evitar que las autoridades públicas, de elección o designación ejerzan si tienen capital en paraísos fiscales.

El Secretario Jurídico de la Presidencia aclaró fuera de la Corte Constitucional, en Quito, que esto no impedirá que quienes los tengan sean candidatos en las elecciones generales de febrero de 2017.

Esto porque la pregunta contiene un plazo de un año para que quienes tengan capitales en paraísos fiscales puedan desvincularse de ellos. De no hacerlo serían destituidos.

Descartó que esta iniciativa esté direccionada hacia Guillermo Lasso, ex banquero y precandidato presidencial por el movimiento CREO.

Argumentó que el Gobierno viene luchando contra los paraísos fiscales desde hace nueve años y que han hecho varias reformas legales para evitar que los capitales se vayan al extranjero.

Tras dejar la propuesta en la Corte Constitucional (CC), Mera explicó que el organismo tiene 20 días hábiles para calificar la constitucionalidad de la pregunta y notificarlo al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Y que en caso de ser así la consulta se realizaría el mismo día de las votaciones de 2017, el 19 de febrero. Esto no implicaría un mayor incremento en el costo del proceso electoral, según Mera.

Mera calcula que de darse la consulta y si es que gana el SÍ, entraría en vigencia entre marzo y abril del próximo año. Si la Corte aprobara el pedido (tiene un plazo de 20 días).

Por lo tanto en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución.

¿Cómo votaría usted en la consulta popular? Aquí la pregunta propuesta por el oficialismo:

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