11 de julio de 2014 00:00

Dos trámites enredan a la Corte Constitucional

JENNY NAVARRO - ARCHIVO / EL COMERCIO


Diego Cornejo (izq.) impulsa una de las tres demandas de inconstitucionalidad a la Ley. Foto: JENNY NAVARRO - ARCHIVO / EL COMERCIO

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Estefanía Celi R. Redactora
politica@elcomercio.com

La propuesta oficialista de que se incluya en la Constitución un artículo que señale a la comunicación como un servicio público pone a la Corte Constitucional (CC) ante una disyuntiva. ¿Debe tratar primero el proyecto de enmienda sobre ese tema o resolver la demanda de inconstitucionalidad que, también sobre este asunto, ya se planteó antes en contra de la Ley de Comunicación?

Esta demanda, firmada por varios sectores, fue presentada en septiembre del año pasado, mientras que el pedido de enmienda del oficialismo llegó el 26 de junio último.

En el documento de Alianza País se señala que la ley de medios ya habla, en su artículo 71, de la comunicación como un servicio público. Sobre este argumento se pide que el artícu­lo 384 de la Carta Política diga que “la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”.

Sin embargo, la demanda de inconstitucionalidad cuestiona este y otros artículos de la Ley. Por ello, quienes la patrocinan temen que si la CC analiza primero las enmiendas de Alianza País, quede sin piso el trámite que impulsan.

Para los demandantes “no existe justificación constitucional para convertir a los medios de comunicación privados en prestadores de un servicio público, porque así se destruye el contenido del derecho a la ­libertad de información”.

Farith Simon, uno de los impulsadores de la demanda de inconstitucionalidad, cree que la decisión que adopte la Corte será compleja. “Si resuelve que el trámite sea a través de una enmienda, estaría diciendo que el objetivo de calificar a la comunicación como un servicio público no implica la restricción de un derecho”. Además, asegura que se dejaría la puerta abierta para que la misma Corte no acepte la demanda contra la Ley de Comunicación.

Simon plantea que la iniciativa oficialista respecto de la comunicación como servicio público no debería tramitarse como una enmienda sino a través de una Asamblea Constituyente, pues implica la alteración de un derecho.

Pero el argumento de Alianza País es justamente el contrario. En su proyecto, los asambleístas del bloque de Gobierno aseguran que el cambio que se sugiere en la Constitución no restringe “en absoluto el derecho de los medios de comunicación social; lo que se busca al considerar a la comunicación como un servicio público es garantizar que, al ser la información un derecho constitucional y un bien público, se la preste con responsabilidad y calidad”.

La Corte tiene un plazo de 45 días, que vencerá en agosto, para pronunciarse sobre la vía que se debe seguir para realizar este y los otros 16 cambios propuestos a la Carta Política.

En cuanto a la demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de medios, la CC no tiene un plazo determinado.

El último trámite que se realizó fue solicitar a la Asamblea Nacional las copias de los debates que se realizaron antes de aprobarse la normativa.

El Legislativo remitió cerca de 500 fojas referentes a los cuatro años que a la Legislatura le tomó su aprobación.

Por esta razón, el catedrático universitario Marco Navas cree que sería positivo que la Corte se pronuncie primero sobre el tema de la constitucionalidad de la Ley, para tener más claro el carácter de la enmienda. Para Navas, la propuesta de A. País en este tema es algo “inoficioso” porque para establecer una política democrática de comunicación no es necesario que se la conciba como un servicio público.

Además, advierte otro riesgo: si se adapta la Constitución a lo que dice una ley se haría un trámite inverso dentro de la lógica jurídica. Pero Mauro Andino (Alianza País), quien fue el ponente de la Ley de Comunicación, dice que con la enmienda buscan “precisar” lo que ya señala la normativa.

“No es que nosotros estamos tratando de adecuar la Constitución a la ley. La ley ya determina que la comunicación es un servicio público”.

La Corte Constitucional tiene en sus manos la propuesta de enmienda desde el 26 de junio pasado. Hasta ayer, no se había admitido a trámite la petición ni se había sorteado aún un juez para que conozca la causa y haga un informe.

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