8 de September de 2014 00:00

La Corte Constitucional entre cuatro demandas y 17 enmiendas

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Paúl Zamora. Redactor
politica@elcomercio.com (I)

Mañana 9 de septiembre a las 09:30, el Pleno de la Corte Constitucional (CC) se reunirá para continuar el trámite de las demandas de inconstitucionalidad que fueron planteadas en contra de la Ley de Comunicación. En estos días, los magistrados analizaron las 280 hojas del informe de María del Carmen Maldonado. Así, los jueces constitucionales llegarán al Pleno con sus observaciones, podrían presentar un proyecto alternativo e incluso dictar una sentencia.

Además de las demandas contra la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que ya lleva 14 meses en análisis, otro de los temas sensibles que se trata al interior del organismo es la propuesta del oficialismo para reformar 17 artículos de la Constitución, que es analizada por la jueza Wendy Molina. Si bien estos dos casos fueron presentados en tiempos distantes, tienen un punto de conexión que incide en ambos tratamientos.

Los demandantes de la LOC advirtieron de la supuesta inconstitucionalidad del artículo 71, que define a la comunicación como un servicio público. Como una de las propuestas de Alianza País es reformar al artículo 384 de la Constitución, para ratificar a la comunicación como tal, pudiera dar luces sobre la viabilidad de una u otra propuesta analizada.

“Si se llegara a declarar inconstitucional la Ley, significaría que la enmienda que pretende constitucionalizar a la comunicación como servicio público no podría ser tramitada”, sostiene el jurista Santiago Guarderas. En cambio, si la CC considera que las demandas contra la Ley de Comunicación no proceden, el paquete de cambios a la Constitución tendrá la vía libre.

El camino que vaya a dictaminar la Corte para incorporar estos cambios a la Carta Magna mantiene a la expectativa a varios grupos: el Gobierno y su bancada legislativa, y sectores de oposición y sectores sociales y empresariales. “Estamos esperando la respuesta y nos someteremos a la decisión de la Corte Constitucional”, dijo Alexis Mera, el secretario Jurídica de la Presidencia, a la vez que anunció que dentro de Carondelet se estudia un nuevo paquete de “cambios técnicos” en la Constitución.

En el bloque legislativo de Alianza País hay una preocupación que radica en los tiempos legales. “Pretendíamos que la CC nos diera una respuesta dentro de 45 días, pero estamos conscientes que debemos esperar, más aún cuando la jueza está recibiendo otros recursos dentro del proceso”, dice Gina Godoy, legisladora del bloque oficialista.

Godoy se refiere a los últimos ‘amicus curiae’ (amigos del tribunal) que llegaron a la CC, como los de Alberto Acosta y Guillermo Lasso, que se unieron a los de otras organizaciones sociales, empresariales y políticas. Con estos, los grupos que no simpatizan con el Gobierno pretenden frenar los cambios, especialmente a los que se han referido a la reelección indefinida, considerada como la más trascendente de todas las modificaciones que se pretenden incorporar.

Otros de los temas que contiene el proyecto oficialista es la estructura de la Defensoría del Pueblo, las atribuciones de la Contraloría, las iniciativas de consulta popular ciudadana y de los gobiernos seccionales, la misión de las Fuerzas Armadas, entre otros.

Desde la Corte Constitucional se asegura que “no es posible determinar un término para la resolución del caso en concreto”.

El artículo 86 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala la posibilidad de que la jueza ponente recoja toda la información que considere necesaria, y que tiene la facultad de invitar a expertos en las materias relacionadas con el tema para que presenten informes técnicos así como considerar la realización de una Audiencia Pública.

De hecho, Godoy aseguró que una de las acciones que realizará el bloque legislativo mayoritario es solicitar a la jueza una comparecencia para argumentar por qué los cambios deben ser a través de enmiendas.

Uno de los temas que más inquieta al oficialismo es la posibilidad de que la figura de la reelección indefinida no quede vigente antes de la convocatoria a las elecciones de febrero del 2017.

Pero Santiago Guarderas tiene sus dudas que ello ocurra. La experiencia le indica que la CC “ha demostrado que actúa a favor del Ejecutivo y va a resolver antes de que se cumpla con la norma” que impone que las reformas no pueden hacerse antes de un año del llamado que realizará el Consejo Nacional Electoral.

“Esperamos que los cambios sean vía enmienda, pero si la Corte plantea otro mecanismo, los tiempos nos quedarán cortos”, reconoce Godoy.

Se deben dar dos condiciones para que la reelección indefinida quede vigente: primero que la Corte decida que los 17 cambios se hacen a través de la vía legislativa (enmienda) a tiempo para que el primer debate en la Asamblea se realice a más tardar en diciembre de este año, para que el segundo debate ocurra un año después, en el 2015.

En contexto
El 26 de junio el bloque oficialista entregó el proyecto de enmiendas, que contempla modificaciones a los artículos 88, 104, 114, 142, 144, 158, 211, 212, 214, 229, 261, 264, 326, 370, 372, 384, así como al numeral nueve de la disposición transitoria primera de la Carta Magna.

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