19 de noviembre del 2016 00:00

Corte acepta pedido de Rafael Correa para consulta sobre pacto ético

El presidente Rafael Correa argumentó el pedido de consulta en la Corte Constitucional en octubre pasado. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El presidente Rafael Correa argumentó el pedido de consulta en la Corte Constitucional en octubre pasado. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Política
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La pregunta presentada por el presidente Rafael Correa sobre la propiedad de dinero y bienes en paraísos fiscales por parte de funcionarios públicos y autoridades de elección popular fue declarada legal por la Corte Constitucional (CC).

Será presentada a la ciudadanía a manera de consulta popular, durante el proceso eleccionario del próximo febrero del 2017.

¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? Esa es la consulta presentada por el Ejecutivo.

El dictamen de constitucionalidad de la Corte fue remitido a la Presidencia. Correa deberá emitir un decreto con la convocatoria a la consulta.

A partir de la publicación de ese decreto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará en el plazo de quince días a la consulta popular, que deberá efectuarse en el plazo de 60 días. Por lo que para que el proceso se de a la par que las elecciones del próximo año, el decreto deberá emitirse hasta el 4 de diciembre.

Para la aprobación de la propuesta se requiere al menos la mitad más uno de los votos válidos, es decir, 6,4 millones. Según estipula el Código de la Democracia, los gastos de la consulta deberán imputarse al Presupuesto General del Estado.

En los términos de referencia del proceso para el armado de paquetes electorales -de los comicios del 2017- se incluyó papeletas para una consulta popular, inclusive antes de su aprobación. Aunque esto fue negado por las autoridades del CNE en su momento.

Una vez que se obtengan los resultados, si triunfa el Sí; en el plazo de un año la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes para que se ajuste a la nueva normativa.

Durante este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán dar cumplimiento al nuevo mandato, caso contrario podrían ser destituidos.

Según Correa, entre el 2014 y el 2015, USD 3 379 millones salieron de Ecuador hacia los paraísos Fiscales. “Esa cantidad alcanzaría para cubrir toda la reconstrucción del terremoto del 16 de abril”, explicó el Mandatario en una cadena nacional, en julio pasado, donde explicó su propuesta.

En contexto

El Pacto Ético impulsado por Rafael Correa busca impedir que personas con dinero en paraísos fiscales puedan ser candidatos. Fue luego de las revelaciones de los ‘Panama Papers’, donde aparecen funcionarios del actual Régimen.

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