10 de junio de 2017 00:00

Corrupción: Tres funciones aceleran acciones en el país

Raquel González, presidenta del Cpccs, defendió la posición del Consejo, en una rueda de prensa en Guayaquil.

Raquel González, presidenta del Cpccs, defendió la posición del Consejo, en una rueda de prensa en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO 

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Diego Puente

El Ejecutivo, el Legislativo y la Función de Transparencia y Control Social direccionan sus esfuerzos para mostrar resultados en contra de la corrupción, en medio de críticas por su desempeño en el caso Odebrecht.

Tras la intervención de la Fiscalía, la Asamblea apuntó hacia el contralor Carlos Pólit como su principal objetivo. Esta semana el oficialismo dio paso al pedido de un juicio político en su contra. Este lunes el pedido estará en la Comisión de Fiscalización. El proceso se alimentará con la información que proporcione el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y la Fiscalía General del Estado, cuyas cabezas serán llamadas a comparecer.

Esta mesa recibirá testimonios y documentos de los siete integrantes del Cpccs y del titular de la Fiscalía, Carlos Baca Mancheno, quien, además, deberá ir mensualmente al organismo para informar.

Las convocatorias son parte de las resoluciones que tomó el Pleno, con 106 votos, como un proyecto de “acciones inmediatas y mediatas” para combatir la corrupción.

Alianza País busca comprobar que Pólit incumplió sus funciones y reglamentaciones internas de la Contraloría, como el Código de Ética. Para iniciar el proceso tomaron el allanamiento de su casa en Guayaquil como prueba inicial.

La fiscalización no solamente apunta a la cabeza de la Contraloría. Esta semana se evidenció una crisis de la institución, según el analista político Sebastián Mantilla Baca, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celep). Para él hubo “intereses políticos” entre Pablo Celi y Sabett Chamoun, quienes se dispu­taron el cargo de Contralor ­Subrogante en ausencia de Pólit, que se encuentra con licencia médica en EE.UU.

El pulseo entre ambos fue ganado por Celi, que al final se quedó frente a la Contraloría. El edificio principal estuvo resguardado por policías el miércoles 7 y jueves 8 de junio, mientras se definía la dirección.

Édison Hurtado, profesor investigador del Departamento de Estudios Político, calificó como un hecho ­“grave” que la cabeza de uno de los principales organismos de control esté señalado en ­este caso de corrupción.

“En una instancia como la Contraloría, destruye el hecho de que existan pequeñas dudas sobre su accionar”, dijo. Por su parte, Mantilla Baca espera que esto no se trate de una cortina de humo para que otros funcionarios del Gobierno pasen desapercibidos.

En el caso del Cpccs, sus integrantes también son cuestionados porque por sus manos pasó el informe que colocó a Pólit nuevamente en la Contraloría. Durante esta semana, Raquel González, presidenta del Cpccs, defendió lo actuado tanto al salir de una reunión con el presidente Lenín Moreno, como en entrevistas en medios de comunicación.

La consejera llamó a una rueda de prensa en Guayaquil. Usualmente, estas tenían poca cobertura. Pero el viernes, González se convirtió en el centro de atención. La Presidenta dijo estar abierta a que una consulta popular elimine el Cpccs o lo ratifique, “que el pueblo se manifieste”, sostuvo.

La respuesta vino después de que la legisladora de la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, planteara el mecanismo para poner fin a un Consejo que ha sido cuestionado desde
la oposición, por la selección de autoridades de control.

Mantilla Baca considera que el Cpccs debe desaparecer porque, a su criterio, no logró transparencia en la designación de autoridades de control. En cambio Édison Hurtado, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Flacso, dice que se ­debe evaluar lo bueno y lo malo del organismo, antes de tomar una decisión.

González argumentó, a favor de los procesos de selección, que ya no existe la “dedocracia”, en referencia a la designación de autoridades que se hacía en el Congreso Nacional, antes del 2008.
Para el constitucionalista, David Ochoa, se podría eliminar la institución con una consulta popular o incluso con enmiendas desde la Asamblea. Pero si se quiere terminar con la Función de Transparencia, se debería hacer una Asamblea Constituyente.

El Ejecutivo también se sumó a las tareas de erradicar la corrupción. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, creado el lunes, no investigará casos, pero hará un seguimiento a las entidades de control. Sesionará todos los lunes. Y esta semana el primer invitado para que proporcione información será el titular del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Para Mantilla Baca se aprecia la voluntad del presidente Lenín Moreno de combatir la corrupción con este grupo. Advirtió que la presencia de funcionarios de Gobierno limitaría el trabajo de una comisión que debería contar con más participación civil. Aclara que la ONU no intervendrá si no encuentra independencia.

Moreno se refirió al tema, el 10 de junio, en la entrega de viviendas en Manta. “Esta es una tarea de corresponsabilidad, si ustedes quieren un Gobierno honesto, empiecen siendo honestos ­ustedes”, dijo.

El politólogo Christian Peña comentó que el Frente asume atribuciones que son específicas de la Función de Transparencia. En el artículo 204 de la Constitución se señala que se encargará, entre otras actividades, de prevenir y combatir la corrupción. Los tres analistas esperan que el Frente se legitime con acciones concretas para empezar investigaciones contra funcionarios corruptos de alto nivel.

En contexto

Tras el escándalo desatado por las denuncias de corrupción del caso Odebrecht, la fiscalización se volvió prioritaria a varios niveles. Hay críticas al organismo encargado de seleccionar a las autoridades de control, especialmente al contralor Carlos Pólit.

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