30 de junio de 2017 00:00

El correteo de buses en Quito, un tema por superar

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Ana María Carvajal
Redactora
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Los correteos para ganar pasajeros y el trato a los usuarios son las tareas por resolver en el servicio de transporte que reciben los quiteños, según el secretario de Movilidad del Municipio, Darío Tapia.

Estos temas -explica Tapia-serán pulidos en la segunda fase del plan de fortalecimiento y mejoramiento del servicio de transporte público. La primera se extendió durante los últimos dos años y cuatro meses e incluyó un pago de compensaciones a los transportistas que hasta febrero pasado le costó a la ciudad USD 46 093 200. En febrero del 2017 se pagó al 92% de unidades que cumplieron con el porcentaje base para recibir la compensación.

La idea es implementar controles de calidad del servicio más profundos, a partir de la aprobación de la ordenanza sobre política tarifaria que hoy será tratada en segundo debate en el Concejo Metropolitano. Ella incluirá un incremento de cinco centavos en la tarifa de transporte urbano, el primero en los últimos 14 años.

Guillermo Abad, de Justicia Vial, coincide con Tapia en que los correteos entre unidades para ganar pasajeros son un problema persistente.

Abad explica que los correteos se dan porque no hay un sistema de caja común, que permita cobrar por el servicio y dividirlo entre todos los socios de una empresa de transporte. Tapia, por su parte, asegura que la mayoría de empresas cuenta con la caja común.

Para Abad, la razón de que este tema no funcione de forma eficaz es que no existe un criterio empresarial para manejar el servicio de transporte. Lo que está vigente es un tipo de administración precaria en el transporte. Para dar ese salto considera que los buses deberían pertenecer a las compañías y no a los socios porque eso distorsiona la gestión empresarial que se necesita para evitar “batallas campales” por tener más pasajeros.

La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó controles a las unidades y compañías de transporte. 120 fiscalizadores llevaban a diario una planilla para verificar el cumplimiento en temas como el buen trato al pasajero, el respeto a los límites de velocidad, a las pardas y a los usuarios con movilidad reducida, entre otros.

Francisco Arauz, coordinador de Fiscalización, explica que estos controles, que se realizarán hasta hoy, 30 de junio de 2017, consistían en una visita durante una jornada completa, para monitorear las instalaciones, la coordinación, el cumplimiento de horarios y frecuencias, etc.

Este trabajo se realiza en las 46 empresas que trabajan en la ciudad y que hasta este mes operan diariamente con 2 446 unidades en las calles. Arauz detalla que se hacían cálculos para establecer el porcentaje de cumplimientos en nueve parámetros sobre la calidad del servicio, además de los relacionados con citaciones de tránsito y fotomultas.

Arauz explica que todas las operadoras están en el proceso de aplicación de la caja común, pero cada una está en un porcentaje diferente del proceso de implementación. Cada unidad recibía USD 1 000 al mes si su cooperativa estaba en un nivel de implementación del 35% en adelante. Si este era menor, el pago era de USD 450.

El 76% de la población de la ciudad es usuaria del transporte público, según el concejal Eddy Sánchez, presidente de la Comisión de Movilidad. Por ello, el organismo trabajó en un anexo técnico que permitirá evaluar y, de ser el caso, sancionar a los transportistas por un servicio de calidad. La capacitación es parte del plan.

Según el alcalde Mauricio Rodas, los sistemas de servicio de transporte inteligente permitirán una mejora de la calidad y una modernización del servicio. Pero aclaró que este es un proceso progresivo.

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