El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, calificó como “sospechosa” la posición de EL COMERCIO, que ha asumido el compromiso de proteger a los informantes de nivel medio de la Embajada de EE.UU., que podrían sufrir retaliaciones, no así a los funcionarios públicos del país.
“¿Por qué se hace esa diferencia con respecto a los derechos humanos?”, preguntó durante una rueda de prensa, al destacar que “estamos ante el hecho de que si usted es funcionario público los cables sí valen”.
El acuerdo que firmó este Diario con Wikileaks para difundir más de 1 300 cables enviados desde Ecuador a Washington es el mismo que esa organización ha concretado con todos los medios que han difundido los documentos en diferentes países. Y la exigencia de que se protejan las fuentes ha sido cumplida por los periódicos que los divulgan, entre ellos el New York Times, The Guardian, El País…
Incluso, en una entrevista con Ecuadorinmediato, Cordero fue más lejos: pidió que la Fiscalía abra una indagación en contra de EL COMERCIO para investigar la firma del acuerdo obtenido entre este Diario y Wikileaks.