El próximo mes de diciembre tendrá lugar en Copenhague, la cumbre de países miembros de Naciones Unidas para tratar el tema del cambio climático. Se espera que dicha convención dé a luz un nuevo tratado que remplace al Protocolo de Kyoto que fue aprobado en diciembre de 1997 y que entró en vigencia en febrero de 2005. El Protocolo de Kyoto que estableció metas para reducir la emisión de gases que causan el efecto invernadero, fue ratificado por 184 países que forman parte de la convención sobre el clima de las Naciones Unidas. El único país que no se adhirió al Protocolo fue los Estados Unidos, que argumentó que las condiciones establecidas en el documento tendrían un impacto negativo sobre el desempeño económico.
Hoy en día, las condiciones han cambiado. El nuevo Gobierno de los Estados Unidos con el apoyo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado han expresado la voluntad política para que se llegue a un acuerdo el próximo diciembre, que comprometa a todos los países del globo a implantar políticas que reduzcan las emisiones de carbono. En este sentido la diplomacia norteamericana ha tomado contacto con países claves como China, India y
Rusia para que apoyen la iniciativa. Sin embargo, el resultado de la convención no depende solamente en la voluntad política de las economías emergentes, sino más bien en cuánto los países industrializados están dispuestos a reducir las emisiones.
Además, en el centro de las discusiones está el tema del financiamiento y la forma cómo los dineros que se obtengan van a ser administrados. Los países menos desarrollados necesitarán apoyo financiero para cumplir con las metas que se establezcan.
Y aquí saltan inmediatamente dos preguntas: ¿quién aportará al financiamiento y en qué montos?, ¿cuáles serán los criterios que se utilizarán para asignar los recursos recaudados?
Con respecto a la primera pregunta, seguramente los países industrializados comprometerán recursos para financiar la reducción de las emisiones tomando en consideración un entorno económico poco favorable. De ahí que no hay que esperar grandes compromisos.
Y la segunda pregunta es la más controversial, puesto que tendrán que establecerse los parámetros para asignar los recursos a los países menos desarrollados.
En este sentido, muchos gobiernos han manifestado su rechazo a las condicionalidades para acceder al financiamiento de los organismos internacionales, por lo cual, si en esta oportunidad se trata de mezclar metas de desempeño económico para acceder a los recursos, el nuevo protocolo de Copenhague correrá la misma suerte que el Protocolo de Kyoto.
Esperemos por el bien del planeta que en la próxima reunión de Copenhague se llegue a un acuerdo que permita aplicar una política de aceptación universal para reducir las emisiones de gases tóxicos.