23 de diciembre de 2015 09:14

Convenios y créditos del Biess para los proveedores impagos del Estado

Una firma proveedora de alimentos en Santo Domingo de los Tsáchilas espera su pago. Foto: Juan Carlos Pérez / EL COMERCIO

Una firma proveedora de alimentos espera su pago. Foto: Juan Carlos Pérez / EL COMERCIO

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Mónica Orozco
Coordinadora
morozco@elcomercio.com
(I)

La falta de pago a las empresas que entregaron bienes o servicios al Estado complica sus finanzas. El Gobierno ofrece alternativas con el SRI y el IESS.

Los proveedores del Estado se llevan la peor parte de la caída de ingresos fiscales. Constructores, empresas de alimentos, de transporte, de tecnología, etc., están a la cola para cobrar sus facturas pendientes, algo que ha sido reconocido por el propio Gobierno.

Daniela Chaparro, socia de la empresa Magmasoft, dice que está camino a la quiebra. Esta empresa de tecnología nació en el 2006 y el Estado fue desde el principio su principal cliente, pero desde este año tuvo menos contratos y, además, atrasos en los pagos. Cuenta que tres entidades públicas le adeudan USD 120 000.

Lo peor -dice- es que debe seguir brindando el servicio, pues no hacerlo significaría que le declaren como proveedor incumplido. “Me pueden ejecutar las garantías y yo he puesto bienes como garantía: mi casa, la casa de mi madre, los bienes de los suegros de mi hermana. Toda mi familia se quedaría en la calle”, comenta esta emprendedora, que se animó a dar su testimonio porque dice estar desesperada.

Hay proveedores que tienen temor de que su situación se complique más si hablan públicamente de sus contratos pendientes de pago.

Es el caso de una emprendedora que elabora alimentos para unidades educativas. La proveedora no quiere dar su nombre, pero no oculta su preocupación. El Estado le adeuda USD 45 000 y aún no tiene una fecha de pago. Lo único que sabe es el anuncio que hizo el presidente Rafael Correa el 13 de diciembre pasado cuando pidió paciencia a los proveedores.

La Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) ha logrado recopilar testimonios y planillas pendientes de pago de 43 constructores a quienes el Estado adeuda, aunque se reservan los nombres.

Henry Yandún, titular del gremio, dice que hay dos tipos de proveedores impagos. Por un lado están quienes ya entregaron la obra y, pese a ser aceptada por la entidad estatal, el pago no se ha hecho. Por otro lado hay casos que datan del 2011, de constructores a quienes aún no se les ha aceptado las obras por observaciones del contratante. Los constructores se quejan de que en algunos contratos se pidieron cambios adicionales y que luego no fueron reconocidos.

Proveedores de Coca, como también se conoce a la capital de la provincia de Orellana, están endeudados desde que comenzó a bajar el precio del petróleo. La crisis se agudizó el último semestre, cuando las empresas que daban servicio a Petroecuador y Petroamazonas y Río Napo dejaron de pagar por el hospedaje, alimentación y transporte fluvial.

El despido masivo de los trabajadores también repercutió en la ciudad porque se quedó sin clientes.

Carlos Zavala, presidente del Comité Cívico de Orellana, informó que apenas han recibido USD 10 millones de los
1 500 millones que les deben las petroleras. A él le adeudan USD 10 000 desde julio último por el servicio de hospedaje. En su hotel Río Napo pernoctaban los trabajadores petroleros.

El presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, Juan Carlos Andrade, indicó que en la región Amazónica la demanda del servicio ha caído en un 98% por las deudas del Estado con las contratistas. Y que la deuda de Petroamazonas con proveedores afectó a empresas de perforación a las cuales el sector de transporte daba servicio.

Espera que hasta el primer trimestre del próximo año se realicen los pagos porque de lo contrario varias empresas del sector podrían quebrar.

Mario Esteban Espinosa, gerente de Ecasa, mencionó que es proveedor del Estado en dos programas: plan Renova y el de cocción eficiente.

En el primero no ha tenido ningún inconveniente en los pagos. Sin embargo, en el segundo asegura que el Gobierno tiene cuentas por pagar desde noviembre pasado, aunque prefirió no precisar montos.

En la Pro forma del 2016 se incluyó un pasivo de USD 1 559 millones acumulado durante este año con proveedores, según explicó el ministro de Finanzas, Fausto Herrera.

El ministro de la Producción, Vinicio Alvarado, dijo ayer, 22 de diciembre del 2015, que tiene listos tres mecanismos para ayudar a los proveedores impagos del Estado. El primero está en la ley de Alianzas Público-Privadas, que permite la remisión de intereses y multas a quienes han caído en mora.

El segundo involucra al Banco del IESS para otorgar inmediatamente un crédito a la empresa deudora para que pague sus obligaciones con el IESS a una tasa preferencial del 8,75%.

Otra opción está relacionada con los convenios de mora que puede durar el tiempo que la acreencia esté pendiente.

Los acreedores también podrán diferir el pago del Impuesto a la Renta hasta por 48 meses.

En este período también se tratará de tener cierta flexibilidad para no afectar al sector productivo y comercial, en particular, dijo.

Las medidas


El Banco del IESS otorgará un crédito a la empresa que sea acreedora del Estado y que adeude obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Para los acreedores del Estado se otorgará préstamos a una tasa de interés anual del 8,75%. El plazo mínimo para estos créditos será de tres meses.

• Otra opción son los convenios con el IESS para las empresas acreedoras del Estado. El convenio puede durar el tiempo que la acreencia esté pendiente.

• En la medida que el Estado vaya pagando sus obligaciones a las empresas acreedoras se puede replantear este convenio de mora con el IESS.

• Si una empresa declaró el Impuesto a la Renta por una venta al Estado, pero no recibe el pago, el tributo puede ser diferido por 24 meses y hasta 48 meses.

• El Servicio de Rentas Internas (SRI) tendrá una comunicación directa con las empresas acreedoras para establecer los pagos de impuestos.

En contexto
Inversiones por USD 172 millones y beneficios por la contratación de empleados nuevos o por mantener la nómina se anunciaron ayer en Cuenca en la reunión del Consejo Sectorial de la Producción y Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo y Comercio Exterior.

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