13 de junio de 2016 00:00

Controles para parqueaderos generan dudas en Quito

La tarifa en los parqueaderos privados varía de acuerdo con los beneficios que ofrece. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

La tarifa en los parqueaderos privados varía de acuerdo con los beneficios que ofrece. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

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Isabel Alarcón

Los parqueaderos públicos y privados funcionarán bajo un mismo reglamento, si es aprobada en segundo debate la ordenanza que promueve estos nuevos controles. La medida ya fue discutida en la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito, que esta semana se reunirá de nuevo para las observaciones finales.

La regularización de costos, la exigencia de mayor seguridad y la gratuidad de los parqueaderos para algunos sectores de la población son parte de la propuesta.

Patricio Ubidia, concejal de Alianza País y promotor de esta iniciativa, explica que se busca codificar ordenanzas existentes, que son de la misma rama, pero que se contradicen entre ellas.

Uno de los puntos fundamentales es establecer técnicamente un límite en las tarifas. Así, los costos no se designarán “antojadizamente” y se evitarán abusos, que son comunes en la ciudad, dice Ubidia. La tarifa se definirá dependiendo de la zona en la que estén ubicados y todos los estacionamientos, tanto públicos como privados, deberán acatar esta exigencia.

Pablo Burbano de Lara, gerente general de Urbapark, cree que es necesaria una regulación para que se dé un servicio de calidad. Esta empresa cuenta con 30 puntos, sobre todo en el norte de Quito, y está en el mercado de los parqueaderos hace nueve años.

En lo que no está totalmente de acuerdo es en imponer costos a los estacionamientos privados. Su empresa maneja tarifas desde los USD 0, 50 y estas varían dependiendo del lugar.

Fausto Álvarez, usuario de estos parqueaderos, teme que la exigencia de regular los precios, sobre todo si los bajan, signifique una disminución en las garantías que actualmente este sitio le ofrece.

A este usuario no le importa pagar un poco más por utilizar un parqueadero privado, si tiene la tranquilidad de que el vehículo está en buenas manos.

Para Burbano de Lara, la tarifa está basada en un sistema de oferta y demanda, el cual depende también de las comodidades y seguridades que se dan a los clientes.

Sus plazas cuentan con cámaras de vigilancia y personal
de seguridad. En el tiquete que entrega a los usuarios se advierte que el auto no se extraviará, pero que no se responderá por los objetos que hubiesen dentro de los automotores. Si se aprueba la ordenanza, todos los parqueaderos deberán tener una póliza de seguro y ofrecer vigilancia.

La gratuidad del servicio para personas con discapacidad y de la tercera edad también genera dudas en Burbano de Lara. Esto, opina, da un tinte político a la propuesta y recuerda que actualmente ya se cuenta con espacios designados específicamente para este sector de la población. En la Zona Azul, el servicio para estas personas ya es gratuito.

Verónica Burbano de Lara, gerenta Comercial y de Tecnologías de Urbapark, cree que una regulación es necesaria para que todos los estacionamientos cumplan con un mínimo de exigencias, lo que aseguraría una competencia leal.

Permitir de 15 a 20 minutos libres de pago es uno de los puntos que no la convence. Esto funciona en lugares como el aeropuerto, dice, pero no es factible en otras zonas.

Los cambios que se proponen involucran también a la actualmente conocida como Zona Azul. Esta ya no llevará ese nombre y esos espacios se llamarán estacionamientos rotativos, “que es lo que corresponde”, dice Ubidia.

En la ciudad existen 8 792 plazas de parqueaderos dentro de este sistema, y muchos (2 255) están entre las avenidas Patria, 12 de Octubre, Colón y 10 de Agosto, sector conocido como La Mariscal 1.

La idea es que los Agentes Metropolitanos de Tránsito den seguridad a los vehículos que están en estas zonas. Esa es una de las peticiones de usuarios frecuentes, como Daniel Dumas, quien utiliza la Zona Azul todos los días. Para él, es necesario que se ofrezcan mayores garantías a los usuarios.

Jorge Campos pide que se amplíe la oferta, ya que considera que no cubre a la cantidad de vehículos que transitan actualmente en la ciudad.

Según Ubidia, el plan contempla implementar alrededor de 8 337 plazas para atender a un promedio mensual de 698 000 vehículos. Además, hay un proyecto en la avenida González Suárez. Allí se construirían 986 plazas.

La propuesta fue tratada el 2 de junio, en primer debate, por los miembros del Concejo Metropolitano de Quito. Se espera que entre a segundo debate, para que pueda empezar a aplicarse en el Distrito.

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