Más controles migratorios en la provincia de Tungurahua

La Policía Migratoria realiza los controles en hostales y calles de la ciudad de Ambato.  Fotos: Glenda Giacometti y Bolívar Velasco/ EL COMERCIO

La Policía Migratoria realiza los controles en hostales y calles de la ciudad de Ambato. Fotos: Glenda Giacometti y Bolívar Velasco/ EL COMERCIO

La Policía Migratoria realiza los controles en hostales y calles de la ciudad de Ambato. Fotos: Glenda Giacometti y Bolívar Velasco/ EL COMERCIO

El control migratorio ha sido más intenso en Tungurahua que en otras provincias.

La tarea empezó en el país en la primera semana de este mes, tras la disposición del Ministerio del Interior para que los extranjeros regularizaran su estatus migratorio. La medida fue dispuesta el 21 de febrero, mediante el Acuerdo 0907.

Entre el 10 y 26 de mayo se desarrollaron 16 operativos nacionales, según el Ministerio del Interior.

Pero en Tungurahua se reportaron más controles, tras el violento asesinato del taxista Manuel Alarcón, ocurrido el 3 de mayo en Ambato.

La Gobernación informó que ha hecho 1 024 operativos ordinarios y 324 extraordinarios en la provincia. De esas revisiones, 30 personas excedieron los 180 días de permanencia y deben pagar una multa, que va de USD 386 a 5 970, dependiendo de la infracción. Aún no hay cifras de la cantidad de personas controladas.

El trabajo está a cargo de la Policía de Migración, la Intendencia de Policía y la Gobernación. Por eso, en 28 días, después del crimen, se han hecho 1 348 controles, que implican reuniones de trabajo y batidas en las calles, avenidas, hostales y centros de acogida.

El gobernador Juan DeHowitt explicó que no se trata de una persecución, sino de regularizar la estadía de los migrantes. “Los operativos son para determinar el número de extranjeros que viven en la provincia”.

En los controles encontraron a personas de Colombia, Venezuela, Perú y de otras nacionalidades. La mayoría cuenta con los documentos de ingreso como turistas, pero sin legalizar su estatus migratorio en el país. “En los operativos tratamos de saber cómo ingresaron al país, dónde están viviendo y dónde trabajan”.

DeHowitt anunció que en junio se abrirán cuatro mesas de ayuda para que los extranjeros, que trabajan en la provincia y que requieren legalizar su estado migratorio, puedan acceder al proceso regulatorio.

Tras la muerte del taxista, la situación de los extranjeros, que trabajan como ambulantes o tienen locales de comida y de peluquería se complicó.

“Nos dicen qué hacemos acá, que nos vayamos y nos insultan, por eso debemos caminar con cuidado para no ser agredidos”, contó la venezolana Janin Castillo. Ella, de Caracas, vive desde hace cinco meses en Ambato con su hija de cinco años, y no tiene trabajo.

Hace una semana inició los trámites de regularización para obtener una visa de permanencia en Ecuador, en la Delegación de la Cancillería, en Ambato. Ella es una de las 2 000 personas extranjeras que cada mes son atendidas en la Delegación Zonal.

Édgar Galiano, delegado de la Regional, explicó que, a partir de los operativos, las solicitudes para regularizarse aumentaron en un 20% en relación a abril. De las 2 000 personas, 1 800 son inmigrantes venezolanos y el resto viene de Colombia, Paraguay, Argentina, Perú, Estados Unidos, Canadá y España.

En Carchi, las autoridades anunciaron que se iniciarán operativos en los próximos días, sin precisar una fecha.

Sin embargo, en esa provincia y en Imbabura, los extranjeros aprovecharon el plazo que dio el Ministerio del Interior, del 16 de febrero al 18 de marzo, para regularizar su estadía.

El proceso se realizó en oficinas de la Cancillería en Tulcán e Ibarra. No dieron cifras. Adianes Alarcón, activista venezolana, explica que una de las ventajas era que durante ese período sus compatriotas podían regularizar su estadía, sin pagar multas.

Al momento, los foráneos pueden continuar con los trámites para legalizar su permanencia.

En Santo Domingo de los Tsáchilas también los emigrantes se acogieron al plazo de la regularización. Según la coordinadora de esa entidad, María Soledad Vela, en Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas de enero a marzo de este año se emitieron 226 visas permanentes y 1 041 temporales. Vela a firma que la mayoría son venezolanos.

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