3 de December de 2009 00:00

Los controles que ejercerá el proyecto legal, en debate

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Redacción Guayaquil

guayaquil@elcomercio.com

El cuarto foro Libertad de Expresión y Prensa, organizado por Grupo EL COMERCIO, tuvo como sede la Universidad Espíritu Santo, en Guayaquil. El martes,   estudiantes y docentes escucharon los análisis de tres panelistas sobre el proyecto de ley de Comunicación que elaboró la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea.

Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER),  Núcleo de Guayas, fue el primero de intervenir. El pidió el archivo del proyecto de ley y que una nueva comisión  elabore un texto que no perjudique a los diferentes sectores de la sociedad.

Argumentó su crítica diciendo que el proyecto  “no toma en cuenta los  acuerdos y tratados   internacionales de derechos humanos, a los que   está suscrito el Ecuador. Mencionó el Art. 19 de la Declaración Universal de los DD.HH.     que señala:    “Todo individuo tiene derecho a  la libertad de opinión y  expresión, sin ser molestado a causa de sus opiniones...”.

Además, citó a la Convención Americana de DD.HH., o llamada Pacto de Costa Rica, que también garantiza ese derecho. A    criterio de Chica,  el Consejo de Comunicación limita  la vigencia de este principio internacional.

En su intervención, Andrés Crespo, presidente de la Revista Vanguardia,     hizo un resumen sobre la relación existente, en los últimos 30 años, entre la prensa y los gobiernos democráticos.

Al mencionar lo que ocurre con el actual Régimen,  recordó que cuando el presidente Rafael Correa   fue candidato nunca se refirió a la prensa como “corrupta”, como ocurre en la actualidad.

Crespo considera que  el     proyecto de Ley deriva de un plan, del actual Gobierno, para  debilitar a las instituciones del país  y concentrar el poder usando al Estado y a una  masiva presencia en los medios de comunicación.

Por su parte,  Marco Arauz, subdirector de   EL COMERCIO, dijo  que principios como la responsabilidad ulterior no pueden quedar sometidos  a una entidad sancionadora como el Consejo de Comunicación, que sería controlado por los gobiernos de turno.
 
Mencionó varios artículos que reflejan el deseo de controlar a los medios que no dependen del Gobierno. Éstos -dijo- tienen grandes retos frente a sus audiencias y a la sociedad, pero se mantendrán vigilantes de sus derechos.

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