19 de julio de 2017 00:00

El control a transportistas tiene tres falencias recurrentes

En el sur de Quito, una escuela dicta clases de psicología aplicada a la conducción a choferes de buses. Foto: Fernando Medina/EL COMERCIO

En el sur de Quito, una escuela dicta clases de psicología aplicada a la conducción a choferes de buses. Foto: Fernando Medina/EL COMERCIO

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Fernando Medina
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Las primeras alertas ya surgieron en enero. En ese mes, el Gobierno cuestionó a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por la “facilidad” a la hora de entregar las licencias y criticó el control en las terminales.

Ayer, 18 de julio de 2017, este Diario observó los chequeos que los agentes de tránsito realizan en la estación de Quitumbe, en el sur de Quito. Un uniformado inspeccionó a las unidades interprovinciales que estaban por salir. Revisó el labrado de los neumáticos, el botiquín de primeros auxilios y pidió los documentos a los choferes. Tras el análisis, el agente dio vía libre para que el bus inicie el recorrido.

Ese mismo chequeo pasó el viernes 14 de julio la unidad que manejaba Herney Castillo. Ese día, él y otras 13 personas fallecieron luego de que el bus se incendiara en el kilómetro 30 de la vía Alóag-Sto Domingo.

Antes de abandonar la terminal, el transportista exhibió su licencia (tenía 21 puntos habilitados) y pasó la prueba de alcoholemia. La unidad tampoco presentó daños visibles.

Sin embargo, ayer surgió un nuevo dato: la empresa de transporte La Maná confirmó a EL COMERCIO que Castillo fue contratado horas antes del viaje. Es decir, no era conductor fijo en esa compañía.

Ahora, seis meses después de los cuestionamientos a la ANT, esta entidad vuelve a anunciar medidas. Por ejemplo, planteó ajustes en los protocolos de inspección en las terminales terrestres, pero no se especificaron cuáles serían.

En enero, los anuncios de nuevas medidas se dieron tras el accidente de una unidad de la cooperativa Pullman Carchi, en el que fallecieron 14 personas. En ese mes incluso la ANT indicó modificaciones en la entrega de licencias.

Por ejemplo, se propuso aumentar el número de preguntas en el examen teórico, que actualmente contienen 20 interrogantes, a un cuestionario de entre 80 y 100 puntos.

Además se analizó subir a 18 la calificación mínima para aprobar la evaluación teórica; ahora los choferes pasan con una nota de 16 sobre 20. Seis meses después, ninguno de esos ajustes se ha concretado.

Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, asegura que el problema radica en los leves controles que realiza la ANT y en su laxitud con las cooperativas del transporte público.

Un ejemplo de eso se evidencia en el aumento de las escuelas para recuperar puntos, una vez que los conductores pierden los 30 iniciales. En total, los conductores pueden recuperar hasta 50 puntos más.

Datos enviados por la ANT a este Diario refieren que hasta mayo pasado la entidad habilitó a 62 institutos a escala nacional, para recuperar el puntaje en el documento de conducir. En el 2016 solo habían 26.

Actualmente también se analizan modificaciones en las mallas curriculares y el tiempo de capacitación, pues el curso para sacar la licencia tipo D (transporte público) dura siete meses.

Eso no ocurría hace 15 años. El curso de aprendizaje duraba dos años. Así lo recuerda Nelson Delgado, director académico del Sindicato de Choferes de Pichincha. Él reconoce que ahora hay más facilidades y que incluso los controles son más leves. Y precisa que esto se constata en los cursos de recuperación de puntos.

Al Sindicato llegan choferes de transporte urbano e interprovincial que admiten que siguen trabajando, pese a no contar con el permiso en regla.

El catedrático Mario Villagómez dice que la regulación de los controles debe ser permanente y no solo cuando ocurren accidentes. Además, indica que se debe fortalecer los procesos de selección y evaluación de los choferes de buses interprovinciales. Esto debido a que se ha comprobado que existen conductores que no gozan de contratos y que son ocasionales.

Las estadísticas de la ANT revelan que, desde el 2011, la entidad entregó la mayor cantidad de permisos tipo D y E, dos categorías que permiten manejar transporte público.

Mientras tanto, ayer, la Cooperativa La Maná confirmó que dejó de operar, tras recibir la notificación de la ANT. 55 buses de la empresa no podrán circular en las vías del país.

Esto provocó protestas de usuarios de la cooperativa, que señalaron que la sanción indefinida es injusta y les afecta. Los pasajeros que cada mes utilizan esta empresa de transporte son 18 160, según señaló el personal que atiende en las boleterías.

En contexto

En el 2016, la ANT abrió 55 expedientes en contra de cooperativas que causaron siniestros en el país. Sin embargo, solo siete recibieron sanción. La entidad las suspendió entre 15 y 60 días. Otros 47 procesos, que se arrastran desde el 2011, aún se investigan.

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