Se trata de vigilar a los medios privados y sus contenidos por la vía del Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Comunicación. Las palabras claves: control y sanción.
Son maneras de coartar el ejercicio de una prensa libre, abierta, plural e independiente, otros tantos valores de la democracia contemporánea.
El Presidente propone el cambio del art. 88 de la Ley de Participación Ciudadana, para que personas o grupos pidan cuentas a instituciones públicas y privadas que presten servicios al público. De este modo, los medios conformados por iniciativa privada tendrían que someterse al escrutinio de un organismo politizado.
Por supuesto que los medios privados deben cumplir con las leyes; para su conformación se constituyen en empresas aprobadas según el marco jurídico, están al día en sus obligaciones laborales, dinamizan la economía y pagan los impuestos.
En cuanto a su responsabilidad periodística y credibilidad, se someten cotidianamente al escrutinio público que se expresa en los niveles de sintonía y de circulación. Y si hay excesos frente a los derechos de terceros, el afectado puede hacer uso de la norma legal vigente para este caso.
Pero los actores políticos en el poder quieren imponer su ideología por encima de los tratados internacionales. Una vez que se reanudaron las tareas legislativas, Betty Carrillo anunció que pedirá la inclusión de representantes del Ejecutivo en el Consejo de Comunicación.
Es inaceptable. El poder político controlando a los medios y ejerciendo facultades sancionadoras no es propio de una democracia abierta. La nueva embestida de Carrillo burla el acuerdo legislativo que buscó un consenso y la palabra empeñada del Presidente de la Asamblea Nacional.