16 de abril del 2014 00:00

Control estatal, en el borrador de Ley de Cultura

Raúl Pérez Torres presidió una reunión plenaria de la CCE para tratar este tema. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Raúl Pérez Torres presidió una reunión plenaria de la CCE para tratar este tema. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Diego Puente
Redactor (I)
dapuente@elcomercio.com

En septiembre del 2009 venció el plazo fijado en la Constitución de Montecristi para aprobar la Ley de Cultura. Seis años y siete meses después, el proyecto continúa a la espera del segundo debate.

Un borrador del alcance al informe de este proyecto de ley es analizado de forma reservada. “Es top secret”, bromean oficialistas de la Comisión de Educación, que lo tramita. Este Diario accedió a él.

El documento tiene 219 artículos, 29 disposiciones transitorias, seis reformatorias y ocho derogatorias. Es una suma de aportes del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura, gremios de artistas, colectivos sociales y étnicos, superintendencias... Al momento se encuentra en una fase de construcción y depuración.

Las copias anilladas las trabajan los nueve asambleístas de Alianza País que integran la Comisión de Educación. Uno de ellos sostuvo que recoge el 90% de aportes.

En este borrador se advierte que se intenta colocar una lupa sobre las obras artísticas, incluso en eventos públicos.

Así se recuerda que la Superintendencia de Comunicación es la responsable de sancionar las infracciones relacionadas con los contenidos transmitidos por los medios. Y el Ministerio a cargo de la cultura actuará de oficio o a petición de parte ante eventos públicos con contenido que atente contra la tolerancia y cultura de paz, discriminatorios, que generen visiones de inferioridad, ridiculización, ofensa...

Esa sería una infracción leve. No queda claro si la Supercom sancionará las obras artísticas que consideren discriminatorias y que sean transmitidas por los medios.

Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa, envió una carta, el miércoles 13, a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, para que revise el articulado. Calificó como “muy peligroso” poner en la ley aspectos punitivos. “No podríamos representar ‘Un hombre muerto a Puntapiés’, de Pablo Palacio, porque se habla de homosexualismo”. Opinó que quedaría a interpretación de la autoridad la sátira política.

A Juana Guarderas, actriz y vicepresidenta de la Red de Espacios Escénicos, se le viene a la cabeza la palabra censura. “Cualquiera puede interpretar a su manera y uno de los principios básicos en el término cultural sería la libertad de expresión, creativa y de culto”.

El actor Christoph Baumman concuerda con ella. Para él, hay antecedentes con las caricaturas que entraron en conflicto con la Ley de Comunicación. Sobre este caso, el presidente Rafael Correa ha señalado que no se castigó el hecho de dibujar sino de “mentir”.

Guarderas también reclama un diálogo sincero por parte de las autoridades. Ella observó que en el borrador se establece que la ley cubriría solo a los artistas que voluntariamente ingresen al sistema que se creará. “La ley debe proteger a todos, no solo a los del registro”.

Para ella, el sector artístico ha sido históricamente vulnerado y una ley debe encaminar a proteger sus derechos laborales, de salud, seguro social. “Debería propiciar la creación y no imponer control”.

En el artículo 214 se señalan sanciones especiales contra los agentes del sector cinematográfico. Entre las penas están el cierre temporal o definitivo de salas de proyección cinematográfica, multas, inhabilitación temporal o definitiva y la suspensión del rodaje.

En otro artículo, el 178, la Superintendencia de Poder del Mercado podría intervenir para controlar los mercados de bienes y servicios artísticos. Algo que resulta complejo de hacer para el teórico en cultura Fabián Saltos Coloma.

Raúl Abad, presidente de Educación, recalca que están recogiendo insumos y que el documento es perfectible. “En el debate de la Comisión para aprobar el informe se tiene que ver eso. Se puede quitar artículos. Todo es un borrador”.

Esta mesa se reúne para analizar cada insumo. Luego, la Presidencia presentará un informe final para debatir con los dos miembros de oposición. El texto depurado pasará al Consejo de Administración Legislativa y, luego al Pleno. Esperan que sea hasta junio de este año.

La oficialista Ximena Ponce, vicepresidenta de la Comisión, aclaró que estas propuestas de sanciones no provinieron de los legisladores sino de otros organismos estatales. “En el tema de cultura mantenemos, como asambleístas, siempre la autonomía de creación; es decir, que no exista dependencia con la línea política”. No descartó que estos artículos sean eliminados.

Ayer, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló una sesión plenaria, en la que participaron todos los presidentes de los núcleos provinciales.

En la cita se expusieron las dudas con respecto a las funciones que tendrá la entidad, el método para elegir autoridades (ver cuadro adjunto).

PUNTOS CLAVE


Casa de la Cultura La matriz ya no correspondería a Quito sino a una Junta Plenaria (todos los núcleos, incluido Pichincha, y el Ministro de Cultura) y a un Director Ejecutivo; el presidente de la Junta saldrá de entre los presidentes de los núcleos. Y se abren fuentes de financiamiento como la autogestión, entre otros.

Régimen Laboral El Estado establecería un régimen que norme las relaciones laborales en el sector cultural. Además garantizaría el derecho a la Seguridad Social de los creadores y gestores, bajo un esquema flexible, que les permita acceder a la pensión jubilar; sobre las otras prestaciones, como créditos y salud, no especifica nada.

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