14 de julio de 2017 00:00

Tres contratos paralizados en Cuenca por supuesto tráfico de influencias

FOTOS:  Xavier Caivingua para EL COMERCIO La ampliación de la planta de agua de Tixán avanza, mientras la Fiscalía de Azuay investiga. El contrato aún no finaliza.

La ampliación de la planta de agua de Tixán avanza, mientras la Fiscalía de Azuay investiga. El contrato aún no finaliza. Foto: Xavier Caivingua para EL COMERCIO

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Lineida Castillo

La intervención de la plaza de San Francisco, en el Centro Histórico de Cuenca, es un proyecto pendiente en las últimas tres administraciones municipales.Su remodelación se adjudicó en abril pasado por USD 1,5 millones y el contratista recibió el anticipo, pero las obras civiles no empezaron.

La razón es que la Comisión Técnica del proceso de contratación informó al alcalde Marcelo Cabrera que existe una relación de parentesco (padre e hijo) entre el exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio y uno de los contratistas. Por ello, el Burgomaestre terminó de forma unilateral y anticipada el contrato.

A mediados del 2016 cuando se abrió el concurso público para la Rehabilitación Urbano Arquitectónica de San Francisco y vías adyacentes, el padre del contratista dirigía el Departamento municipal de Infraestructura y Obras Públicas, de acuerdo con el informe de la Procuraduría Síndica de la Municipalidad cuencana.

Entre diciembre del 2016 y mayo del 2017, este funcionario asumió la Dirección del Tranvía y en junio renunció al cargo. El artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prohíbe a los funcionarios o empleados que intervengan en la etapa precontractual o contractual para, con su acción u omisión, favorecer a cónyuges o parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Asimismo, se establece que quienes tengan parientes con intereses contrapuestos deben retirarse de la comisión y, de ser calificada la misma, será causal para la terminación unilateral del contrato.

Por eso, tras la terminación unilateral del contrato no cabe ninguna demanda, dice Jorge Moreno, decano de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, quien aclara que al subir un contrato al portal de Compras Públicas, en las especificaciones técnicas constan las cláusulas que determinan las prohibiciones o causales de inhabilidad para participar y los nombres de quienes evaluarán las propuestas.

El martes 18 de julio del 2017 vencerá el plazo para que el consorcio presente las pruebas de descargo sobre las inhabilidades contractuales. Pero de forma simultánea, el Departamento Jurídico del Municipio elevó el caso a consulta ante la Procuraduría General del Estado.

Este último procedimiento también se aplicó en dos contratos de la Empresa Municipal Etapa que se investigan por supuestos tráficos de influencias, pero aún no hay un informe de la Procuraduría.

Esos contratos se firmaron para la ampliación de la planta de agua de Tixán y la conducción de agua cruda entre Saymirín y Tixán, que fueron adjudicados a dos consorcios diferentes.

El contrato para ampliar la planta de Tixán está en instrucción fiscal, mientras que el de conducción no, dice el fiscal de Azuay, Adrián Rojas. El primero se investiga tras una denuncia presentada por Santiago Vázquez, director del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop). Tres funcionarios y dos contratistas están involucrados. El Gerente de Etapa tiene prisión preventiva.

El otro contrato se dio por terminado el 7 de junio a las dos semanas de su firma, por denuncias.

Según Santiago López, coordinador de Proyectos Municipales, acogerán el informe de la Procuraduría General del Estado, porque es vinculante y con ello determinarán qué hacer para evitar cualquier complicación jurídica.

Pero Moreno cuestiona que el Alcalde cuencano se entere tarde de estos temas, pese a tener un equipo de asesores y personas de confianza con las que se reúnen cada semana. “Ellos no le dicen la verdad o la autoridad no está tomando las decisiones correctas”.

Al respecto, López dice que cada jefe departamental o director de las empresas es responsable de su trabajo. “No creo que exista una mala intención o actitud dolosa. A veces ocurre que cuando estamos mucho tiempo de funcionarios no nos actualizamos o hacemos las cosas por costumbre. Es buena una capacitación permanente para saber cuáles son nuestros obligaciones y responsabilidades”.

Pero Moreno señala que, al presentar la oferta, el contratista debe ratificar que no está incurso en ninguna inhabilidad. “Por eso, en los casos registrados en la Corporación Municipal, los contratistas involucrados son corresponsables por no haber dicho sobre la relación familiar con los servidores públicos”.

De acuerdo con el informe de la recuperación de la plaza de San Francisco emitido por la Procuraduría Municipal, el ganador “declaró bajo juramento no estar incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar”, que están establecidas en los artículos 62 y 63 de Ley Orgánica de Contratación Pública.

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