24 de July de 2009 00:00

Fin de los contratos es legal: R. Correa

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Redacción Política

El Gobierno espera que   el proceso de terminación unilateral de los contratos que firmaron varias entidades del Estado con empresas de   Fabricio Correa dure, por lo menos, tres semanas.

En una entrevista en radio Sonorama, el presidente Rafael Correa precisó que  la decisión adoptada por los ministerios de Transporte y Obras Públicas,  Vivienda y la empresa Hidrolitoral fue una medida política y legal, tomada una vez que se hallaron los argumentos jurídicos. “La Ley prohibía que el hermano del Presidente contratara con el Estado y eso es causal para  finalizar  los contratos”.

El Presidente ratificó que a través del secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera,    pidió a su   hermano   que no contratara con entidades del Estado. “Lo único que supe fue la compra de     Cosurca y me enteré después de la compra, eso me molestó”.

Además, aclaró que su hermano sí le comunicó lo del crédito en la CFN, y que él le dijo que “mientras sea en estricto apego a la Ley tienes el derecho”.

Correa insistió en  que hasta ahora no se probó que los contratos con su hermano hubieran  perjudicado al Estado.  De ahí que  acusó a la prensa de tergiversar las declaraciones de su hermano sobre la relación con los diputados denominados ‘de los manteles’.

Según Correa, su hermano informó que él junto al tesorero de campaña, Víctor Barahona, habían ayudado a pagar el hospedaje de los legisladores suplentes. “Lo que se dijo es que con un remanente de campaña se pagó el hotel de esa gente que venía de Zamora, de
Esmeraldas, etc. Diputados alternos que no tienen sueldos, muchos de ellos extremadamente pobres. ¿Dónde está lo malo de eso?”.
Correa ratificó que los diputados no recibieron nada del Estado.

En marzo de 2007, el entonces Tribunal Electoral expulsó a 57 diputados de oposición que se negaban a convocar a una consulta para instalar una Constituyente.  En su lugar se instalaron  los diputados alternos, quienes recibieron protección y ayuda del Gobierno. El objetivo fue  convocar a la Asamblea para dictar la nueva Constitución. 
 

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