19 de junio de 2017 00:00

Los contratos bajo Alianzas Público Privadas suman USD 4 027 millones

La concesión de Puerto Bolívar está en manos de la empresa turca Yilport. Su operación se inició en marzo. Foto: archivo/ EL COMERCI.

La concesión de Puerto Bolívar está en manos de la empresa turca Yilport. Su operación se inició en marzo. Foto: archivo/ EL COMERCI.

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Tres puertos, un sistema vial y un proyecto de vivienda de interés estatal están en ejecución bajo el modelo de alianzas público-privadas (APP).

Para ello, el Gobierno firmó ya contratos por un total de USD 4 027 millones, según información disponible en las páginas web del hoy extinto Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Según esas mismas entidades, otros cinco proyectos están en agenda. Allí, el Gobierno busca firmar contratos con empresas privadas por USD  5 917 millones. Entre ellos, están tres corredores viales, el mantenimiento de una vía y la operación de Puerto Providencia (Sucumbíos). Para promoverlos, el Gobierno anterior firmó decretos y lanzó, en ciertos casos, concursos públicos que están en proceso.

El 18 de diciembre del 2015 entró en vigencia la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, que busca impulsar el desarrollo de obras de interés público con capital privado. Esta herramienta es clave para la actual administración, que anunció que dará un mayor protagonismo al sector privado como motor de la economía.

La ministra de Industrias, Eva García, buscará concretar a través de APP proyectos en seis industrias: pulpa de papel, astilleros, petroquímica, refinación, cobre y hierro.

Con las APP, la empresa privada obtiene beneficios tributarios y seguridad jurídica para intervenir en obras nuevas, trabajar en las existentes, etc.

Las empresas, por ejemplo, están exentas del pago del Impuesto a la Renta por 10 años desde que inician sus operaciones. Además, el contratista está exonerado del impuesto a la salida de divisas por el pago de bienes importados, pago de servicios, y más.

El sector de la construcción dice estar en capacidad de desarrollar cualquier obra de infraestructura, pero cree que hacen falta ciertas reformas, en especial en el tema de las alianzas público-privadas, que hoy dificulta su aplicación.

Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, consideró que la estructura del cuerpo interministerial que hoy decide cuáles proyectos se desarrollarán bajo esta figura no incluye al sector privado.

Este es uno de los temas que los gremios esperan se discuta en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Esta semana se espera que el Ejecutivo emita el decreto para su conformación.

De los proyectos que tienen ya un contrato, las obras que mayor avance registran son los puertos. La empresa turca Yilport Ecu inició operaciones en Puerto Bolívar en marzo de este año. El contrato de concesión se firmó por 50 años.

Según el gerente general de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, Vicente Guzmán, en los primeros tres meses de gestión la concesionaria ha invertido en personal de seguridad, proyectos de ingeniería, grúas, entre otros temas. La primera fase de esta inversión es de USD 241,96 millones y se prevé que culmine en el 2018.

El Gobierno también adjudicó el Puerto de Manta a la chilena Agunsa, que a su vez creó la empresa Terminal Portuario de Manta. La concesión del puerto es por 40 años.

El tercer puerto es el de aguas profundas en Posorja, cuya construcción fue concesionada a la empresa DP World, de Dubái. La inversión de la primera fase será de USD 500 millones.

Otra obra bajo la figura de asociación es la carretera Río Siete–Huaquillas, cuya concesión está a cargo de la constructora Consur desde julio del 2016.

La intervención se encuentra en etapa de difusión del proyecto a la comunidad, dijo Volter González, director distrital del Ministerio de Transporte de El Oro.

La Empresa Pública de Vivienda también utiliza las APP. La entidad suscribió el año pasado un acuerdo para construir proyectos de vivienda en Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El convenio se firmó con cuatro empresas: Nobahorm Constructora Noboa, Alberto Andino y Asociados; Héctor Homero Sánchez Pérez y Consorcio Bellavista – BCC.

Alberto Andino, gerente de Alberto Andino y Asociados, aseguró que la construcción todavía no se efectúa debido a la transición del nuevo Gobierno. El constructor explicó que el Gobierno pone el terreno y su empresa, la construcción.

Este Diario solicitó detalles de los proyectos ya adjudicados y los que están en agenda al Ministerio de Industrias, a la Vicepresidencia y a la Empresa Pública de Vivienda. Esas entidades señalaron que no podían responder porque aún están en proceso de transición por el cambio de Gobierno.

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