9 de enero de 2018 00:00

Contraloría integró veeduría sobre deuda pública interna y externa

El contralor Pablo Celi (centro izq.) mantuvo este lunes, 8 de enero del 2018, una reunión con la veeduría que acompañará en el proceso de auditoría de la deuda pública. Foto: PATRICIO TERÁN / EL COMERCIO

El contralor Pablo Celi (centro izq.) mantuvo este lunes, 8 de enero del 2018, una reunión con la veeduría que acompañará en el proceso de auditoría de la deuda pública. Foto: PATRICIO TERÁN / EL COMERCIO

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Mayra Pacheco,
Jorge González y
Geovanny Tipanluisa (I)

Los resultados provisionales del examen especial a la deuda pública interna y externa, que realiza la Contraloría General del Estado (CGE) desde agosto del 2017, serán notificados a exautoridades del Régimen anterior, entre quienes figura el expresidente Rafael Correa.

Pablo Celi, contralor general del Estado, mencionó que desde ayer se iba a comunicar sobre los primeros resultados provisionales identificados en el examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa.

Esta información se remitirá a los funcionarios considerados dentro de este procedimiento y a otros relacionados con las operaciones que son parte de esta auditoría, que se encuentra en proceso.

Aparte de Correa, quien se desempeñó como presidente del Comité de Deuda y Financiamiento, dentro de los funcionarios que recibirán esta notificación constan los ministros titulares y subrogantes, subsecretarios de financiamiento público, e integrantes del Comité de Endeudamiento, que se desempeñaron entre el 2012 y mayo 2017.

Personal de la Contraloría no podía notificar hasta ayer en la tarde a Correa los primeros resultados parciales del examen especial. El documento fue entregado por los funcionarios en Guayaquil a su abogado, Alexis Mera. Según Correa, esa notificación es válida, ya que es su representante legal.

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“La deuda ya fue auditada hasta el 2014, pero la vuelven a auditar, todo esto es persecución, no nos engañemos, hablemos las cosas claras. Celi es un contralor ilegitimo, lo controlan desde Carondelet y otros sectores”, dijo.

Abogados de la Contraloría evalúan si la notificación a Mera cumple con todos los requisitos del debido proceso. 

La CGE no precisó cuántas personas serán notificadas. Pero solo en Finanzas, en el mencionado período, estuvieron Patricio Rivera (en dos ocasiones), Fausto Herrera y Madeleine Abarca, ministra subrogante de Herrera.

En estas notificaciones se incluyen observaciones provisionales relacionadas, entre otros aspectos, con la declaratoria de secreta y reservada de la documentación de operaciones de deuda y la venta anticipada crudo que no se considera deuda pública.

Consta también la aplicación del Decreto 1218 que reformó el Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Este instrumento sirve para la aplicación de las normas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la presentación de la estadística de la deuda pública en base a estados financieros consolidados, que permitió sacar de la contabilidad unos USD
12 000 millones de deuda interna con entidades públicas.

A esto se suma el convenio firmado entre Petroecuador y Finanzas mediante el cual se asignó a la empresa pública la capacidad para gestionar financiamiento externo para el Estado. Y, finalmente, deficiencias encontradas en el archivo de documentación de las operaciones de la deuda.

En este proceso de auditoría participarán 11 profesionales con experiencia en el área jurídica y financiera como veedores ciudadanos.

Esta comisión participará como observadora del proceso, los procedimientos, la metodología que aplicará la Contraloría. También, participará en los resultados con criterios técnicos e información complementaria. Esta no reemplazará a los auditores profesionales ni a la responsabilidad de la Contraloría.

Anoche, la Secom, mediante comunicado, dijo que el Gobierno respeta la independencia y autonomía de las funciones del Estado y de los organismos de control. Que la conformación de la veeduría es responsabilidad de dicha entidad, que debe enmarcarse dentro de las normativas legales.

Agregó que el Régimen tiene la voluntad política y la capacidad financiera para garantizar el cumplimiento de sus compromisos financieros internacionales.

La deuda pública interna y externa del Estado, conocida como deuda agregada, asciende a USD 46 382 millones a noviembre del 2017. Esto representa el 46% del Producto Interno Bruto (PBI), es decir seis puntos adicionales al límite sugerido por el Código de Finanzas Públicas.

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