9 de febrero de 2018 12:25

Contraloría hizo recomendaciones a la Universidad Yachay Tech

En un comunicado, Yachay Tech informó que una vez que la Contraloría ha expedido recomendaciones administrativas, éstas ya han sido acogidas. Foto: archivo EL COMERCIO

En un comunicado, Yachay Tech informó que una vez que la Contraloría ha expedido recomendaciones administrativas, éstas ya han sido acogidas. Foto: archivo EL COMERCIO

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Redacción Sociedad

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Las autoridades de la Universidad Yachay Tech cuentan ya con el resultado del examen especial a las operaciones administrativas y financieras, desarrollado por la Contraloría General del Estado. El análisis se desarrolló al período comprendido entre el 13 de noviembre del 2013 y el 31 de agosto del 2017.

En un comunicado, la universidad informa que una vez que la Contraloría ha expedido recomendaciones administrativas, éstas ya han sido acogidas. “La universidad ha prestado todas las facilidades y brindado toda la información para la determinación de los hallazgos en el marco de la auditoría ejecutada”.

Entre otras cosas, señalan que a través de Carlos Castillo, rector que en estos días dejó su cargo por motivos personales, se han denunciado posibles irregularidades detectadas. “De modo que la Contraloría ha establecido la existencia de pagos por el valor total de USD 43 319,04 por pago de viáticos por gastos de residencia a servidores que pertenecen al mismo núcleo familiar (cónyuges); falta de liquidación de viáticos y pasajes al exterior; y multas no cobradas en un contrato".

También se informa que Yachay Tech, una de las universidades emblemáticas creadas a partir de la LOES, ha iniciado los procesos administrativos correspondientes para recuperar esos valores, desembolsados erróneamente, dicen, directamente de los funcionarios y exfuncionarios que recibieron esas cantidades. Así cumplen con las recomendaciones de la Contraloría y esperan sentar un precedente para evitar que otras acciones y omisiones, atribuidas al desconocimiento de servidores, afecten la gestión e imagen del centro.

En el informe de Contraloría, se dice que las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio, lo firma María Fernanda Larco, como directora Nacional de Auditoría de Sectores Sociales.

El examen incluye las operaciones administrativas y financieras en la U. Yachay Tech. Se excluyen los procesos de elección, contratación, ejecución y pago de remuneraciones, salarios, honorarios y otros beneficios del personal directivo, docente y administrativo, vinculados mediante contratos y nombramientos; y, los procesos de contratación de servicios, incluidos los de consultoría, recepción y pago de los productos derivados de éstos y su utilización, que fueron analizados en el informe DADeIS-0011-2016 aprobado el 20 de abril de 2016.

Además se excluye la etapa de ejecución del contrato 2015-055 para-la provisión e implementación de equipos para los laboratorios de la Universidad, bienes que aún no han sido entregados, por cuanto la Rectora Subrogante, con oficio UITEY-REC-2017-0066-0 de 21 de abril de 2017, autorizó la suspensión y prórroga de los plazos; e, incluyó el nuevo cronograma previamente elaborado entre las partes contractuales, para la entrega e implementación de los equipos para laboratorio.

Entre otros puntos, el examen especial determina que cinco servidores no detallaron oportunamente sus declaraciones patrimoniales al inicio de su gestión. Entre otros el rector; también cinco servidores de nivel jerárquico superior no presentaron su declaración jurada de fin de gestión, luego de transcurridos 267 días posteriores a su desvinculación. Se les pide a las autoridades verificar que se cumpla con la ley.

Además se observó que en la liquidación de anticipo de viáticos y subsistencias en el exterior y adquisición de pasajes no se evidenció un informe de cumplimiento de actividades institucionales y productos alcanzados de los viajes realizados por el exSecretario Académico y de Innovación. Debían haberlo hecho cuatro días después de terminado el viaje.

También se recomienda al rector que disponga a los servidores responsables de autorizar procesos de adquisición de bienes y servicios, que inicien un proceso de contratación, una vez que se hayan elaborado y revisado y aprobado los términos de referencia completos. Y esto debe incluir un presupuesto referencial.

También se pide que los miembros de la Comisión Gestora (que se anunciará en los próximos días) presenten un informe mensual con documentación que evidencia el cumplimiento de cada una de sus funciones, atribuciones y responsabilidades establecidas en la normativa interna y externa.

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