1 de marzo de 2018 00:00

Pablo Celi: No conozco el documento sobre el 30-S ni su contenido

El contralor Pablo Celi presentó el 28 de febrero su informe de labores en la Asamblea Nacional. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El contralor Pablo Celi presentó el 28 de febrero su informe de labores en la Asamblea Nacional. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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El contralor Pablo Celi reiteró el miércoles, 28 de febero del 2018, que el informe del 30-S, con el que se abrió una indagación contra el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, no está en la Contraloría del Estado.

“No conozco esos documentos, no conozco ni su contenido ni su forma ni su procedencia; yo no me puedo pronunciar sobre cosas que desconozco”, dijo el funcionario, luego de que entregara en la Asamblea el informe de su trabajo.

El 17 de enero, la entidad de control ya remitió a la fiscal subrogante Thania Moreno un informe señalando “que la documentación no reposaba en la Contraloría”.

Esa información fue certificada por el director nacional de Responsabilidades, Daniel Fernández de Córdova, por el secretario general, Luis Miño, y por la directora nacional de Patrocinio, Yadira Torres.

El miércoles, Celi remitió el oficio 6476 y solicitó a Moreno que informe a la Contraloría si la documentación que reposa en su poder es original, son copias simples o copias certificadas.

Sin son estas últimas, se pidió que Moreno indique el origen de la certificación.

En la tarde, la Fiscal Subrogante emitió un comunicado y aseguró que “analizará la solicitud en estricto apego a la Constitución y a la Ley y entregará una respuesta a dicho oficio en los próximos días”. Pero aclaró que el contenido está en indagación previa y que, por lo tanto, “goza de reserva”.

El lunes, el presidente de la Asamblea, José Serrano, acudió a la Fiscalía de Pichincha para entregar un documento con supuestos indicios de responsabilidad penal contra Baca. Dejó los documentos en la planta baja del edificio judicial.

Serrano presentó dos paquetes. Uno de siete fojas y otro de 366. “(Tienen una) certificación de que son fiel copia de su original. Esto está relacionado con los gastos reservados que habría utilizado la Comisión 30-S, en los que estaría involucrado el Fiscal”.

¿Qué hacen supuestos documentos originales de un informe reservado en manos del presidente de la Asamblea?, se preguntó el fiscal Baca, en entrevista con este Diario.

En enero, el exsindicalista petrolero Fernando Villavicencio, y el político Andrés Páez también entregaron un documento en la Fiscalía de Pichincha. Justamente con esos datos, Moreno abrió una indagación en contra de su fiscal superior Carlos Baca.

El 28 de febrero, Páez aseguró que es “innecesaria” la discusión sobre la originalidad del documento de la Contraloría. “Los informes de responsabilidad penal no tienen que estar en la Contraloría, porque se notifican a los interesados. En este caso, se le notificó al Fiscal General del Estado”.

En el oficio 6476, el Contralor citó la Ley de Seguridad Pública. Dijo que el juzgamiento y el control del fondo permanente de gastos especiales asignados a la Senain se efectúa ante el Contralor General, “en forma privativa e indelegable”.

También mencionó el Reglamento para el control de los fondos públicos de gastos especiales destinados a actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa.

Con base en esos documentos, Celi además advirtió en el oficio que este tipo de información debe ser conservada “... en la Contraloría, en un archivo especial y secreto, al que tendrá acceso únicamente el Contralor General”.

Más tarde, en rueda de prensa, aseguró que “el juzgamiento de este tipo de situaciones debe realizarse con apego estricto a la norma expresa de la Ley de Seguridad Pública, puesto que de existir situaciones de orden ilegal o que puedan configurar delitos contra el Estado estos sean adecuadamente judicializados para su esclarecimiento y para el establecimiento de las responsabilidades”.

Por ahora, la Contraloría inició un examen especial a los procesos y procedimientos de rendición de cuentas por parte de la Senain y su juzgamiento. Ese análisis comprende el período entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017.

“Mi pronunciamiento definitivo sobre esto se verá en el examen especial. Para eso estoy requiriendo de la Fiscal su apoyo con la documentación que me permita conocer estos hechos de forma legal y precisa”, sostuvo Celi. “Mi pronunciamiento, por lo pronto, se limita a señalar que estoy actuando sobre esos hechos como juez de cuentas en el marco legal que me corresponde”.

Esa investigación arrancó en enero y el pedido de información a la fiscal Moreno precisamente es parte de ese proceso para revisar los gastos.

Entre tanto, la Fiscal Subrogante recibió el apoyo de un grupo de ciudadanos, que desde las 09:30 se manifestaron en las afueras del edificio en el que funciona la Fiscalía Provincial de Pichincha.

El grupo, que se identificó como de “simples ciudadanos”, llevaba carteles con los que mostraba su apoyo a la funcionaria. Estas personas fueron recibidas por la Fiscal y después del plantón se reunieron a puerta cerrada.

En contexto

En su informe de labores, el contralor general del Estado, Pablo Celi, indicó que tiene en marcha 297 acciones de control. Citó, por ejemplo, el Proyecto Ruta Viva y la Escombrera El Troje (en Quito) y la construcción del Tranvía (en Cuenca), entre otros.

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