23 de noviembre de 2017  12:25

Contraloría cuestiona el cobro de multas

Los materiales incautados a los vendedores informales de la Administración Manuela Sáenz van a la lavandería Los Milagros. Foto: Eduardo Terán/EL COMERCIO

Los materiales incautados a los vendedores informales de la Administración Manuela Sáenz van a la lavandería Los Milagros. Foto: Eduardo Terán/EL COMERCIO

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Andrés García
Redactor (I)
asgarcia@elcomercio.com

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La Contraloría General del Estado realizó un examen especial en el cual observó que hubo 80 casos de retención de artículos de vendedores informales que no contaron con los comprobantes respectivos. 

“Lo mencionado originó que no se disponga de documentación sustentatoria de la fase inicial dentro del proceso sancionatorio, se desconozca la totalidad de los productos retenidos a usuarios que ejercieron la actividad comercial sin los permisos municipales, y verificar con el detalle de las actas de devolución”, dice el documento.

El examen especial se realizó a la Agencia Metropolitana de Control (AMC), a la Policía Metropolitana y a las administraciones zonales Tumbaco, Eloy Alfaro, Quitumbe y Manuela Sáenz. Analizó el período entre el 7 de septiembre del 2012 y el 31 de diciembre del 2016, para comprobar los procedimientos de retención de productos y su destino final, así como las sanciones que sumaron USD 48 930.

Rosa PIchucho retiró su coche en el que vende pinchos, pero lo recibió en mal estado tras haber sido retenido en La Mariscal. Foto: Eduardo Terán/EL COMERCIO

Rosa PIchucho retiró su coche en el que vende pinchos, pero lo recibió en mal estado tras haber sido retenido en La Mariscal. Foto: Eduardo Terán/EL COMERCIO


Luzmila Chasi fue una de las comerciantes autónomas a las que un grupo de policías metropolitanos retiró su coche con uso excesivo de la fuerza. Ocurrió la semana pasada en los alrededores del colegio Mejía, en el centro de Quito.

El video del operativo se viralizó en redes sociales y provocó que la Secretaría de Seguridad del Municipio anunciara sanciones a los agentes. Esa instancia calificó al incidente como un hecho aislado dentro de su procedimiento habitual.

María Sangucho, hija de Chasi, acudió horas después del suceso a la Comisaría de la Agencia Metropolitana de Control de la Administración Zonal La Mariscal. Allí, ella firmó un acta de advertencia y le devolvieron el coche retirado sin sanción pecuniaria. Pero le advirtieron que, si reincidía en el hecho, la Policía Metropolitana le podría iniciar un proceso administrativo.

De acuerdo con el informe, entre 2014 y 2016 los comisarios impusieron sanciones a comerciantes informales de forma “discrecional”, amparados en dos normativas municipales.

La primera fue la Ordenanza Metropolitana 201 del 13 de diciembre del 2006, que establece el uso indebido del espacio público sin la autorización municipal. También se basaron en la Ordenanza 332, del 18 de octubre del 2010, que habla de la actividad comercial en el espacio público sin permisos.

Contraloría sostiene que, por la misma infracción, en 85 casos, la sanción impuesta fue de USD 100, mientras que en los otros 121 retiros se cobró a los comerciantes una multa equivalente al 50% de una Remuneración Básica Unificada.

Johana Aguirre,
supervisora de la AMC desde febrero de 2017, sostuvo que no existió tal discrecionalidad y que ante esta discordia legal la Procuraduría Municipal recomendó aplicar las disposiciones de la Ordenanza 332 y conexas, a fin de sancionar a las personas que utilicen el espacio público para ejercer cualquier actividad comercial, sin la autorización respectiva del Cabildo.

En este 2017, la AMC expidió 247 resoluciones sancionatorias en base a la Ordenanza 332 y otras 119 resoluciones por la Ordenanza 201.

Aguirre subrayó que desde el 1 de junio de este año entró en vigencia la resolución que estableció un protocolo de aplicación de la medida cautelar de retiro de productos y bienes muebles. Esto, asegura, estandarizó los procesos en el Distrito Metropolitano.

Sobre el paradero de los bienes que no fueron registrados con comprobantes, la funcionaria dijo que no se puede asegurar el destino de los productos retirados en las administraciones anteriores, ya que para esa época no se tenía un registro adecuado, ni la resolución que actualmente estandariza el procedimiento.

En el examen también se menciona que la Comisaría de la Administración Manuela Sáenz (Centro Histórico) no cuenta con un espacio físico adecuado para almacenar los bienes retirados.

EL COMERCIO comprobó que más de 50 coches y otros artículos retenidos a los comerciantes permanecen en el interior de la lavandería Municipal de Los Milagros, ubicada en el sector de La Marín. Están cerca de las piedras de lavar, a la intemperie, por lo que corren el riesgo de sufrir afectaciones posteriores.

Rosa Pichucho, que logró recuperar el coche en el que vendía pinchos en La Mariscal, pero con graves daños producto de la oxidación. Pichucho contó que el proceso de devolución se dilató y por eso su coche pasó aproximadamente un año en poder de la AMC. “Me costó USD 250 y lo recupero en muy mal estado”.

La comerciante dice que la venta informal es el único sustento para mantener a sus siete hijos. “Es muy difícil encontrar trabajo. No es que estamos saliendo a delinquir”, manifestó.

Según la AMC, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de este año, en los operativos de control de ventas en el espacio público se hicieron.

2 199 retiros y se concretaron 633 devoluciones. Además, se realizaron 990 donaciones de productos perecibles. De esta forma, según la AMC, se demuestra que, en volumen de casos, los procedimientos son razonables y que la muestra de observaciones de la Contraloría es marginal.

En contexto

Tras la publicación de un video en redes sociales sobre una incautación, se activó el debate de qué sucede con los materiales que son retenidos. Contraloría realizó un examen especial por este tema.

Rectificación solicitada por la Agencia Metropolitana de Control

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