1 de febrero de 2016 00:00

Contraloría tiene 2,6 millones de declaraciones desde el 2008

La Comisión de Participación tramita la Ley de Declaraciones. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

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Paúl Zamora

En las bodegas de la Contraloría General del Estado reposan 2,6 millones de documentos que corresponden a las declaraciones juramentadas de bienes que los servidores públicos han presentado desde el 2008 hasta la actualidad.

Según cálculos del organismo, en 10 años, el número de declaraciones por archivar llegaría a los 4 millones de documentos.
Ante esta realidad, la Asamblea Nacional tramita un proyecto para modificar la manera en que los servidores públicos presentan sus declaraciones juramentadas.

La propuesta, abanderada por el contralor Carlos Pólit, tiene como objetivo agilitar el trámite a través de un formulario electrónico para el ingreso directo de la información del patrimonio y así se elimine la obligación de presentar un documento otorgado por un notario público.

Uno de los argumentos que sustenta esta propuesta es el de la economía procesal.
 La Federación Ecuatoriana de Notarios Públicos presentó sus cuestionamientos al proyecto y sostuvo que las notarías deben seguir realizando esta tarea. Sus representantes explicaron que la declaración patrimonial juramentada tiene un efecto estructural y jurídico que le da autenticidad, pues el funcionario público recibe una guía y advertencia por parte del notario.

En cambio al realizarla electrónicamente, el servidor se encuentra solo frente al computador. Explicaron que cumplen la función de seguridad jurídica preventiva y que si se quiere combatir la corrupción se debería robustecer el juramento hecho ante un notario.


El socialista Fabián Solano es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana que tramita esta propuesta y la defiende. Asegura que entre los beneficios está que se impulsa un cambio tecnológico -con el aprovechamiento de las bondades de la Internet- y también la califica como una propuesta ecológica pues se ahorrarían “innumerables toneladas papel”.

Según sus cálculos, se beneficiará a 450 000 servidores públicos entre policías, militares, profesores y trabajadores de gobiernos autónomos y entidades públicas que ya no deberán acercarse ante un notario. “Se está velando por el bien colectivo y los notarios se oponen a la propuesta porque dejarían de recibir ingresos económicos”.

Según cálculos de la Mesa Legislativa, los servidores públicos del país gastan entre 10 y 12 millones anuales en declaraciones juramentadas. El costo promedio del trámite es de USD 25.
El 14 de enero, el Pleno de la Asamblea realizó el primer debate de esta propuesta, pese a que el proyecto fue ingresado en abril del 2013 por la Función de Transparencia y Control Social.

La semana pasada, la Comisión de Participación Ciudadana elaboró el informe para el segundo debate. Dentro del calendario oficial es considerada una norma prioritaria y sería aprobado en febrero.


Una de las preocupaciones de opositores como Diego Salgado (Creo) es que al no existir una declaración juramentada por parte de los servidores públicos no habrían elementos para sancionar el delito de perjurio. El artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la persona que al declarar ante una autoridad competente, falte a la verdad será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

“Están tratando de curarse en sano antes de verse desprotegidos en mayo del 2017. Buscan dificultar al sistema de fiscalización para el próximo período”, dijo Salgado. 
Desde la Función de Transparencia y Control Social aseguran que la declaración jurada ante un notario público no da elementos para hablar de un perjurio: la razón es que la Corte Nacional de Justicia ha resuelto que el único funcionario de justicia facultado para receptar un juramento es el juez y que, en la práctica, la declaración juramentada ante un notario no cumple con los méritos para ser un documento probatorio.


Entre enero de 2007 y diciembre de 2015 la Contraloría realizó 859 exámenes especiales a declaraciones juramentadas por denuncias o por rutinas de control establecidas en el plan anual de la institución. De ahí se iniciaron 109 expedientes por aumento injustificado de patrimonio.

Sin embargo, a través de las declaraciones juramentadas no se ha podido establecer juicios por enriquecimiento ilícito y el único juicio por perjurio fue en julio del 2010 contra un funcionario público, pero no prosperó. 
Pólit recordó que en cualquier momento la Contraloría podrá verificar la información consignada en las declaraciones mediante la inspección física de inmuebles, pedido de avalúos, cruce de información con otras entidades u organismos públicos o privados, u otras acciones que sean necesarias. 


Además, la Unidad de Análisis Financiero proporcionará a la Contraloría información de los movimientos y depósitos realizados en el sistema financiero nacional e internacional.
El socialcristiano Henry Cucalón calificó como una “ironía” que la Asamblea tramite esta ley cuando en diciembre de 2015 le cercenó a la Contraloría, a través de la enmienda, competencias exclusivas en materia de auditoría de gestión.

También cuestiona que se lo tramite cuando el organismo está haciendo un examen especial a las declaraciones de los legisladores. 
 En mayo del 2015 el Consejo de Administración Legislativa solicitó a Contraloría un examen especial al patrimonio de los 137 legisladores. Pólit ofreció un informe dentro de 40 días.

Han pasado ocho meses y aún no hay resultados. Fuentes internas confirmaron que al inicio del examen hubo dificultad para contrastar información y que el trabajo finalizará en los próximos meses, pero sin un plazo establecido.
 Organizaciones como el Observatorio Legislativo realizaron una convocatoria para que los asambleístas publiquen sus patrimonios. A esta invitación respondieron 28 de 137 legisladores.

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