3 de agosto de 2017 00:00

La Contraloría solo sugirió mejoras en obras indagadas

Una obra señalada por el delator de Odebrecht es Manduriacu. Actualmente, la Fiscalía indaga el contrato. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Una obra señalada por el delator de Odebrecht es Manduriacu. Actualmente, la Fiscalía indaga el contrato. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Javier Ortega

La delación de José Conceição Santos, expresidente de Odebrecht-Ecuador, revela presuntos pagos de coimas en cuatro proyectos ejecutados por la empresa entre 2011 y 2015.

En ese grupo constan la hidroeléctrica Manduriacu, la Refinería del Pacífico, el Poliducto Pascuales-Cuenca y el Trasvase Daule-Vinces.

Según el testimonio del exdirectivo, publicado por el portal IDL Reporteros de Perú, la empresa pagó USD 4,1 millones al excontralor general Carlos Pólit, para que este emitiera informes favorables de las auditorías realizadas en esas cuatro megaobras.

EL COMERCIO revisó los nueve exámenes especiales que la entidad de control ha efectuado hasta el momento a los procesos de contratación, fiscalización y ejecución de estos cuatro proyectos y detectó que el organismo solo hizo sugerencias y recomendaciones para futuros proyectos, pero no fijó indicios de responsabilidad.

Esto ocurrió pese a que la Contraloría sí descubrió aparentes irregularidades; por ejemplo, retrasos en los trabajos o deficiencias en estudios previos a la construcción de las obras, que derivaron en el aumento de los precios fijados inicialmente.

Este miércoles 2 de agosto, la Fiscalía admitió que la delación de Santos fue un indicio importante para descubrir esto. Y aclaró que hubo “desvanecimiento de glosas, fallas o vacíos en el control de los proyectos en los que intervino Odebrecht”.

En septiembre del 2015, la Comisión Nacional Anticorrupción ya denunció irregularidades en la construcción de la central Manduriacu, obra indagada por la Fiscalía.

Este organismo alertó de un aparente perjuicio para el Estado de USD 102,5 millones, debido a la firma de tres contratos complementarios y otros ajustes en la obra. Inicialmente, el proyecto se pactó en USD 124,8 millones, pero al final costó USD 227,3 millones, según la Comisión.

En ese entonces, Pólit desmintió este posible sobreprecio y dijo que los contratos complementarios no ascendían a USD 102,5 millones. Además, sostuvo que el reajuste del precio inicial se debió a cambios de diseño justificados legal y técnicamente.
Otra obra rastreada por la Fiscalía es el Poliducto Pascuales-Cuenca, un proyecto adjudicado a Odebrecht por USD 370 millones (sin IVA).

En el examen especial DAPyA-0001-2016, la Contraloría analizó la obra en el período del 2013 al 2015. En sus conclusiones, la entidad no halló indicios de responsabilidad civil o administrativa. Solo hizo recomendaciones. Por ejemplo, al gerente de Transporte de Petroecuador, entidad a cargo del proyecto. A él le pidió instruir a sus funcionarios para que la información total del contrato se suba al Portal de Compras Públicas.

También, recomendó al gerente general de la estatal petrolera que capacite al personal para que designe a tiempo a los administradores de contralores, para que la entidad esté “debidamente” representada ante la contratista.

El Trasvase Daule-Vinces, en cambio, estuvo a cargo de Senagua. La comisión técnica de la entidad recomendó adjudicar esta obra a la constructora brasileña, tras obtener el puntaje máximo (100/100) en la evaluación de su oferta.

Sin embargo, la Contraloría, en su informe DAPyA-062-2013, señaló que la construcción del Trasvase Daule-Vinces “no pudo iniciarse oportunamente, debido a que requirió realizar servicios complementarios, relacionados con geotecnia, expropiaciones y topografía”.

Inicialmente estaba previsto que las obras empezaran desde el 1 de junio del 2012, pero comenzaron el 7 de septiembre de ese año. El contrato se negoció en un principio por USD 190, 9 millones, pero al final hubo nuevos valores.

En el informe de Contraloría aparecen cuatro órdenes de trabajos adicionales. Una por USD 498 109; otra por 1,4 millones; una tercera por USD 541 757; y una cuarta por 1, 9 millones. Pese a esto, el organismos solo recomendó a Senagua que para nuevas licitaciones se tomen en cuenta estudios integrales.

El movimiento de tierras en la Refinería del Pacífico tuvo un costo de USD 229, millones. Su oferta fue calificada con 99,78 puntos sobre 100.

La obra actualmente está paralizada. La Contraloría, en el informe DAPyA-0007-2013, halló inconsistencias en el proceso de licitación. Por ejemplo, dijo que no se incluyó una cláusula referente a multas por incumplimientos de obligaciones contractuales. Por eso recomendó que se tome en cuenta la “normatividad y el marco legal vigente”. Y pidió que esto rija para futuros procesos.

Las cuatro obras indagadas en fiscalía

La central Manduriacu
se ejecutó entre 2011 y 2015. La obra inicialmente se pactó en 124,8 millones. Anticorrupción dijo que hubo un sobreprecio de USD 102,5 millones.

Refinería del Pacífico fue adjudicada a Odebrecht en julio del 2012, por USD 229, 9 millones.

El Poliducto Pascuales-Cuenca se entregó a la constructora brasileña en octubre del 2013, por USD 369, 9 millones. Es el proyecto más costoso de entre las cuatro megaobras.

Trasvase Daule-Vinces 
se ejecutó entre el 2012 y 2015. Tuvo un costo total de USD 272,1 millones.

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