24 de January de 2010 00:00

La Contraloría investigará a conjueces

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Redacción Judicial

Los conjueces de la Corte Nacional de Justicia que  cambiaron el delito de penal en el caso Filanbanco serán investigados por la Contraloría. El lunes se dispondrá que se inicie la revisión y actualización de las declaraciones juramentadas de bienes de Walter Mazzini, Edwin Salazar y Mario Rojas.

La Contraloría investigará si existen irregularidades o incremento de capital injustificados, luego de que emitieron el dictamen en el juicio Filanbanco. Ellos resolvieron que los hermanos William y Roberto Isaías  sean juzgados por alteración de balances financieros y no por peculado, como lo había determinado la  Comisión Anticorrupción.

Correa pide sanción
Incluso  el presidente Rafael Correa pidió que se investiguen las cuentas de los conjueces.
Jaime Velasco,  Galo García y Jaime Flor fueron designados conjueces ocasionales,  por el Presidente de la Corte Nacional.
Ellos tramitarán  las peticiones de revocatoria de la providencia dictada por los conjueces suspendidos por la Judicatura.

Este organismo investigó a  las instituciones financieras que colapsaron luego del feriado bancario, decretado por el ex presidente Jamil Mahuad, en 1998. “Investigamos 67 bancos, de los cuales solo dos terminaron con sentencia condenatoria, los demás fueron  un enjuague de jueces y banqueros. El trabajo de Anticorrupción sirvió para enriquecer a contralores, superintendentes, procuradores, fiscales y jueces”, cuestionó Jorge Rodríguez, ex vocal de la eliminada Comisión.

El caso Filanbanco está abierto desde junio de 2000 y aún no hay  una resolución final. El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico Mantilla, acogió la investigación de Anticorrupción y se inició el juicio.

Los accionistas del banco recibieron un crédito del Banco Central de más de USD 600 millones para pagar la cartera vencida que tenían. Sin embargo, según Anticorrupción, ese dinero fue usado para entregarse créditos a empresas vinculadas a los Isaías.

En noviembre de 2002, la ex fiscal Mariana Yépez emitió su dictamen no vinculante en el que determinó que “por error se inscribieron los asientos contables en partidas distintas”. Por ello, cambió la acusación de peculado por alteración de balances.

Antes de esa excitativa fiscal, Washington Pesántez, quien era asesor de Yépez, pidió a la Policía que “localizara a las personas que iban a ser objeto de investigación”; no obstante, “la contraorden provino del fiscal subrogante, Guillermo Mosquera, quien dijo que esperáramos que venga Mariana Yépez para presentar la excitativa”. Por ese entonces, los Isaías salieron a EE.UU.

La Comisión Anticorrupción presentó dos denuncias en contra de Yépez: Una ante la Corte Suprema y otra en el Congreso. No obstante, ninguna de las dos quejas prosperó. “En un principio ella acogió el informe de la Comisión, que establecía que Filanbanco no tenía iliquidez sino insolvencia. Allí se estipulaba una serie de violaciones a la Ley y delitos. Pero luego cambió su dictamen fiscal estableciendo un aberración jurídica”, explicó Rodríguez.

A pesar de ello, en marzo de 2003, el ex presidente de la Suprema, Armando Bermeo, llamó a juicio plenario a los Isaías  por el delito de  peculado bancario. “Con base en un estudio detenido, prolijo, exhaustivo y de acuerdo con la Ley vigente llegué a la conclusión de que se había cometido el delito de peculado”, dijo Bermeo a este Diario.

Los defensores de los ex administradores de Filanbanco han presentado recursos y apelaciones para evitar que se resuelva el proceso. En mayo pasado,  la Primera Sala Penal confirmó el llamamiento a juicio y con esta acción se inició el proceso para extraditar a los Isaías.

Los abogados de los Isaías nuevamente presentaron  apelaciones. Todas fueron negadas, excepto la aclaración de la sentencia.

Esta solicitud recayó en los  conjueces Mazzini, Salazar y Rojas. Ellos emitieron su fallo el 15 de enero pasado, con el que borraron todo lo actuado previamente.  

El fallo está en suspenso, hasta que se resuelvan los pedidos de revocatoria, planteados por la Procuraduría General y la Fiscalía del Estado.

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