Para Contraloría, los representantes de Sociedad Patriótica y de otros tres partidos solo son responsables solidarios. Foto: Archivo EL COMERCIO
Los auditores terminaron en el banquillo de los acusados. Para la Contraloría, los principales responsables del mal manejo del fondo partidario permanente, en el período 2010-2011, no fueron los representantes de los partidos políticos, sino quienes los auditaron desde el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El organismo determinó que seis funcionarios y exfuncionarios del CNE deben pagar glosas que suman USD 687 718. A partir de agosto pasado les notificó la predeterminación de responsabilidad civil culposa y les dio un plazo de 60 días para que respondan y presenten sus descargos.
Según la Contraloría, ellos son los supuestos responsables del mal uso del fondo partidario entregado a Sociedad Patriótica (por USD 464 372), Pachakutik (66 988), Izquierda Democrática (62 779) y el extinto Movimiento Popular Democrático (93 489). Como responsables solidarios -asumen el pago si los principales no lo cubren- señaló a los dirigentes y responsables económicos de los partidos.
Las irregularidades en la utilización de esos recursos fueron detectadas en un primer momento por el CNE, que envió en agosto del 2013 el informe detallado a la Contraloría. En ese documento se determinó que las principales anomalías se hallaron en las cuentas de Sociedad Patriótica, que en el 2010 recibió 1 094 448 del Consejo Electoral.
Según el artículo 355 del Código de la Democracia, el fondo partidario permanente puede ser utilizado exclusivamente para propiciar actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación, así como para el funcionamiento institucional.
No obstante, en el caso del PSP, tanto el CNE como la Contraloría coincidieron en que se realizaron desembolsos ajenos al objeto del fondo. Así, los recursos sirvieron para pagos de pasajes al exterior, medicina, consultas médicas, ecografía renal e intervención quirúrgica (reconstrucción vaginal), compra de equipos y accesorios médicos.
Según los representantes del Partido, esos gastos fueron parte de las brigadas médicas que se realizaron para sus militantes y simpatizantes.
En uno de los casos –destaca el informe- se evidenció que el paciente fue el presidente vitalicio del Partido, Lucio Gutiérrez, según certificaron los doctores del Instituto de Enfermedades del Corazón Cardiology. También se adquirieron planchas, licuadoras, desodorantes, arreglos florales, comida de perro, broches, sombreros, lavado de ropa, tarjetas prepago, equipo de educación física, tinte capilar, pelotas de fútbol y camisas. Según el PSP, “fueron gastos indispensables para garantizar el cumplimiento de las actividades del Partido”.
En los casos de los otros partidos se estableció que hicieron desembolsos que no cumplieron con la propiedad, legalidad y veracidad de los pagos, y tampoco con el objeto del fondo. De los 3 065 873 asignados a las cuatro organizaciones se determinaron gastos por 210 862 que no tenían respaldos documentales que sustenten la veracidad de los pagos y 507 248 por egresos sin relación con el objeto del fondo.
Ante una consulta de este Diario, en la Contraloría se informó que los exfuncionarios del CNE fueron glosados por no haber realizado controles preventivos al manejo del fondo y debido a que los recursos asignados no fueron utilizados en los fines correspondientes.
Domingo Paredes, quien presidió el CNE y aprobó el informe que se envió a la Contraloría, califica a las glosas de inauditas. “Ahora aparecen como inocentes quienes abusaron del fondo partidario que era nuestra obligación fiscalizar. Además, ninguno de los glosados era parte del CNE entre el 2010 y el 2011”.
Paredes señala que en ninguna parte de la ley se establece que se debía hacer un control preventivo. “Cualquier control es posterior”.
Por este caso, la Contraloría envió a la Fiscalía informes con indicios de responsabilidad penal que devinieron en indagaciones previas a los representantes de los partidos, que aún siguen abiertas, e investigan supuestos delitos de mal uso de recursos públicos.
Gilmar Gutiérrez, presidente de PSP, rechazó el resultado de la auditoría porque “se basa en criterios subjetivos”. En la ley –dice- no se especifica en qué consisten los parámetros para gastar el fondo. Cada organización puede realizar estas actividades de distinta manera. Además, explica que el Código de la Democracia menciona que la responsabilidad del gasto del fondo es competencia exclusiva del responsable económico.
La administración actual de la Izquierda Democrática desconoce este tema. Su directora nacional, Wilma Andrade, sostiene que no han recibido ninguna notificación, ya que esas irregularidades corresponden a la anterior directiva, que debe responder por este caso.
Luis Villacís, exdirigente del MPD, confirmó que fueron notificados y que enviaron una argumentación y apelación legal. Por eso confían que el proceso se diluya ya que presentaron todos los descargos.
Cecilia Velásquez, subcoordinadora de Pachakutik, indicó que su movimiento no ha sido notificado. Además, comenta que la anterior administración entregó toda la documentación de los gastos del fondo por lo que duda de la veracidad del informe.