19 de November de 2009 00:00

La Contraloría examinará 244 contratos de emergencia

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Redacción Judicial

Los procesos contractuales que el gobierno de Rafael Correa suscribió, con base en las declaraciones de emergencia, preocupan al  Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop).

Ayer, el titular del Instituto,  Jorge Luis González, solicitó  al contralor del Estado, Carlos Pólit, que verifique si hubo o no irregularidades en las adquisiciones. 

González entregó al Contralor copias de 244 contratos que se hicieron desde el 4 de agosto de  2008, hasta la presente fecha. Este Diario conoció que suman más  de USD  2 000 millones.
 
Pólit dijo que también se verificará si  las declaratorias fueron justificadas. En el artículo 6 de la nueva Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública se establece que solo se podrá comprar por emergencia cuando  “exista un accidente grave como terremotos, inundaciones, sequías...”.

En el inciso 31 del mismo artículo se detalla que una emergencia deber ser: “Concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”. Según Pólit, cada Ministerio  tendrá que rendir cuentas.

Desde el 26 de julio pasado,  EL COMERCIO publicó una serie de investigaciones que pusieron al descubierto las anomalías que tenían varios contratos.   Bajo el  paraguas de los decretos de emergencia, el Gobierno evitó  la etapa precontractual en las licitaciones, con el argumento  de que se quería agilitar las compras.

Asignó, por ejemplo,  USD 2 886 millones para obras en carreteras, contratos petroleros y de salud pública. De ese monto, USD 2 100 millones se invirtieron en 86 contratos desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; USD 299 millones en 500 contratos desde Salud y USD 487 millones en 57 convenios desde Petroproducción.

Sin embargo, al hacer contrataciones directas,  se escogieron compañías sin verificar su capacidad real para la ejecución. Esto generó  serios retrasos en el 60% de las obras  viales.

En otros  casos se seleccionaron las ofertas más onerosas (Salud) y  se entregaron obras a personas naturales y a firmas con razones sociales distintas a la naturaleza del proyecto.

La Fiscalía inició una investigación propia con base en esta información y las instrucciones previas en cada caso están por culminar en los próximos días.

Ayer, el titular del Incop evitó hablar sobre las anomalías. “Nosotros no podemos hacer presunciones. Somos un organismo técnico que no tiene la potestad para  investigar las supuestas irregularidades. Para eso está la Contraloría”, dijo González.

Invitó  a Pólit a  buscar mecanismos jurídicos para prevenir las irregularidades. Propuso que la Contraloría intervenga  durante  la licitación de los contratos y no solo al final del proceso, cuando ya se  dan las anomalías. Así establece la nueva Ley de Contratación Pública.  Pólit  aclaró que hay que  plantear a la Asamblea una reforma a la Ley. “Si es necesario hacer esos cambios los haremos”.

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