24 de octubre de 2016 15:52

Contraloría alista informes negativos de dos contratos de la Refinería de Esmeraldas

El Vicepresidente de la República y las autoridades del sector petrolero del país acudieron a la inauguración de la rehabilitación de la refinería Esmeraldas. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO

La inauguración de la rehabilitación de la refinería Esmeraldas fue el 17 de diciembre del 2015. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO

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Jorge González

La Contraloría General del Estado emitirá informes con “resultados negativos” de dos contratos de la Refinería de Esmeraldas, en los próximos días.

El contralor, Carlos Pólit, adelantó este anuncio hoy, 24 de octubre, en Guayaquil, luego de que se han revisado un total de 63 contratos por USD 1 090 millones. Estos documentos fueron suscritos durante la administración de Carlos Pareja Yanuzzelli, como gerente de Refinación de Petroecuador.

Sobre el exfuncionario pesa una orden de prisión preventiva tras ser vinculado al caso de cohecho de la estatal petrolera junto con otros ocho indagados.

Pólit no dio detalles a la prensa sobre a qué se refieren los resultados negativos de estos contratos ni con qué proveedores se suscribieron. Este diario conoció que todavía se están revisando las pruebas de descargo de los involucrados con dichos contratos.

La revisión se extenderá al 100% de los 400 contratos que se firmaron en la petrolera. Además, Pólit informó que la próxima semana hay algunos funcionarios que van a ser reportados a los organismos judiciales, luego de que se analizaran las declaraciones de bienes.

Respecto al patrimonio de Pareja explicó que lo han auditado en años anteriores y no han encontrado enriquecimiento ilícito, solo se han realizado observaciones, pero no explicó cuáles.

Pólit llegó al Puerto Principal para participar en la socialización del nuevo procedimiento para la presentación de declaraciones patrimoniales juradas.

En ese sentido aseguró que ahora el trámite será por vía web y que servirá para transparentar la información que presenten los más de 500 mil funcionarios públicos del país. Entrará en vigencia el 1 de enero del 2017.

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