15 de marzo de 2018 00:00

Contraloría detectó manejo ‘discrecional’ de la deuda pública

Durante dos horas y media se leyó el borrador, en presencia del contralor Pablo Celi, miembros de la veeduría y funcionarios auditados. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Durante dos horas y media se leyó el borrador, en presencia del contralor Pablo Celi, miembros de la veeduría y funcionarios auditados. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Evelyn Tapia

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Ocho meses le tomó a la Contraloría General del Estado elaborar el borrador del informe sobre el examen especial a la deuda pública contratada entre el 2012 y mayo del 2017.

En este se determinó que existió un manejo discrecional de las operaciones de endeudamiento, dijo el contralor Pablo Celi, el 14 de marzo del 2018, durante la presentación del documento.

El funcionario dio a conocer que la entidad encontró que se realizaron reiteradas modificaciones en las normativas, “que permitieron un manejo discrecional del concepto de deuda y la determinación de sus componentes”.

En ese contexto, indicó que el Decreto Ejecutivo 1 218, emitido en octubre del 2016 por el entonces presidente Rafael Correa, constituyó un mecanismo que alteró la relación entre la deuda pública y el PIB. Según el Contralor, en los hechos la deuda del Estado ya superó el 40% permitido por ley en el 31 de diciembre del 2016.

Para entonces, la deuda ascendía a USD 65 700 millones, esto es el 68,4% del PIB.

Según el Código de Planificación y Finanzas Públicas, la deuda pública no puede sobrepasar el 40% del PIB. Pero en octubre del 2016 este Decreto determinó que para este cálcu­lo solo se tomara en cuenta la deuda consolidada -que no contempla compromisos con entidades del Estado como el IESS- y no la total (que incluye deuda externa e interna).

La Contraloría estableció el monto de la deuda luego de determinar que debían sumarse las preventas petroleras realizadas por el Gobierno anterior, y que no se consideraron por modificaciones legales.

El documento de la Contraloría concluyó que sí deben ser consideradas en el cálculo de la deuda por tres razones.

Primero, porque los recursos que se obtuvieron fueron a la cuenta única del Banco Central. Segundo, porque se utilizaron para la liquidez del Estado y, tercero, porque una parte se pagó con efectivo y no con petróleo.

Los montos de deuda por preventas petroleras sumaron USD 6 660 millones hasta el 31 de diciembre del 2016.

De ahí que, según Celi, las contrataciones de deuda posteriores a esa fecha debieron cumplir dos requisitos: ser aprobadas por la Asamblea, luego de elaborar y presentar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal.

En tanto, Ramiro Crespo, miembro del comité de veeduría que es parte del examen, comentó que este manejo de la deuda derivó en que el Estado tenga elevados compromisos “que tendrá que financiar con más ingresos, tal vez por el lado de los impuestos”.

Crespo añadió que por la falta de transparencia en el manejo de la deuda, el país generó menos confianza en el mercado internacional y accedió a créditos más caros.

Ese fue otro de los puntos que ahondó el borrador: la declaración reservada de ciertas operaciones de deuda y la falta de documentación requerida, que impidió que Contraloría realizase el trabajo completo.

El ente informó que desde septiembre del 2017 comenzaron a solicitar información a Finanzas y a Petroecuador, para analizar las condiciones de la deuda, así como el destino de los recursos.

Sin embargo, algunos documentos no se entregaron. Y algunos de los que sí llegaron lo hicieron sin numeración, sin firmas de responsabilidad, entre otros problemas.

Por esto, la Contraloría realizará nuevos exámenes especiales en relación con los documentos que faltan.

Sobre este tema, Celi mencionó que hace seis días el Ministerio de Finanzas solicitó un plazo de 45 días para entregar una parte de esta documentación, correspondiente a las actas del comité de deuda. Eso era “imposible, estaba fuera del plazo legal”, dijo.

El borrador del informe también determinó que durante el período examinado se contravinieron normas constitucionales. Esto respecto del convenio de cooperación interinstitucional que permitió a Petroecuador, en el 2014, obtener financiamiento para el Fisco.

“Petroecuador no estaba autorizada para conseguir recursos destinados a elevar la liquidez del Estado, eso es competencia de Finanzas”, dijo Celi.

Añadió que luego de que se aprobara el informe final, que será presentado en abril, se procederá a determinar responsabilidades administrativas y penales. Los auditados tendrán un plazo de cinco días hábiles para presentar observaciones a lo que se detalló en el informe borrador.

El expresidente Correa, que está entre los funcionarios públicos auditados, dijo el 13 de marzo en su cuenta de Twitter que la auditoría es una persecución.

“La comisión de auditoría de la deuda, repleta de enemigos de la Revolución e ilegalmente nombrada por Contraloría, va a decir que la deuda es cerca de USD 80 000 millones”, señaló.

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