24 de marzo de 2016 00:05

Contraloría aún debe recuperar USD 854 millones por glosas

En las bodegas de los archivos de Contraloría reposan los informes donde se establecen 26 280 glosas, desde 2007. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

En las bodegas de los archivos de Contraloría reposan los informes donde se establecen 26 280 glosas, desde 2007. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Paúl Zamora
Redactor (I)
pzamora@elcomercio.com

Desde enero del 2007 hasta la actualidad la Contraloría General del Estado ha recuperado USD 350 millones para las arcas estatales. Este monto fue el resultado de las acciones de control de los recursos públicos y gestión emprendida por el organismo. No obstante, aún existen USD 854 millones que deberán recuperar.

Al final de cada año, la Contraloría realiza el Plan Anual de Control que define las instituciones que se someterán a un proceso de auditoría. De las 6 000 entidades del país se escoge a un tercio: los sectores estratégicos son observados con más frecuencia, señala Daniel Fernández de Córdoba, director de Responsabilidades de la Contraloría.

Estas acciones de control se inician a través de una orden de trabajo donde se establece el alcance y el período en que se realizará el examen. Durante este proceso hay pasos como la notificación a los involucrados, que pueden ser servidores públicos o terceros que hayan manejado fondos estatales como contratistas, compañías o empresas.

En este análisis, que se prolonga por un año, el equipo de auditores estudia la información con el objetivo de realizar hallazgos sobre un mal uso de fondos. Si se encuentran novedades se informa a los involucrados para que presenten sus pruebas de descargo. Producto de la acción de control se elabora un borrador y se da un nuevo plazo para subsanar la información. Luego se elabora un segundo informe, con un nuevo plazo para presentar un descargo adicional.

Aprobado el informe final, la Contraloría puede establecer dos tipos de responsabilidades: Civiles (perjuicio económico) y Administrativas (sanciones o multas). Aquellos casos donde existen indicios de responsabilidad penal son enviados directamente a la Fiscalía, bajo la presunción de delitos como enriquecimiento ilícito; peculado o cohecho.

Desde el 2007, la Contraloría ha establecido 39 409 responsabilidades civiles, de las cuales 26 280 fueron glosas y 12 129 órdenes de reintegro. Mientras que los casos en los que se estableció indicios de responsabilidad penal llegaron a 1 939, de los cuales 1 859 fueron remitidos a la Fiscalía.

Al excontralor Alfredo Corral Borrero (1998 y 2003) le admira la “cantidad importante” de glosas que se han generado en los últimos años. Para él, es un síntoma claro de que ha existido un mal manejo de los fondos públicos.

Una vez que se establece la responsabilidad civil o administrativa, las personas naturales o jurídicas pueden solicitar un recurso de revisión en la sede administrativa.

Agotada esa instancia, el caso puede ser llevado ante la Justicia y ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Desde el 2007, 2 320 casos han desencadenado en juicios contenciosos administrativos. De estos, 392 han sido resueltos y 1 928 están en trámite.

Uno de los casos emblemáticos de glosa que pasó a una instancia judicial fue la impuesta a la firma española Indra Sistemas SA y a dos exfuncionarios del Consejo de la Judicatura (CJ). El 1 de febrero del 2016 el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito convocó a la audiencia sobre el pedido de nulidad de la glosa de USD 23,7 millones. La resolución de Contraloría, emitida en mayo del 2015, determinó irregularidades en la ejecución del contrato para la ejecución del sistema informático Justicia 2.0.

Para la Comisión Anticorrupción es ‘subjetivo’ realizar un análisis con estadísticas entregadas por la propia Contraloría. Jorge Rodríguez, su vocero, habla de una incapacidad operativa del organismo que se vería reflejada en 1928 juicios que están en el campo judicial y se ha convertido en “un cuello de botella”. Según sus datos, un 98% de las responsabilidades son establecidas para funcionarios de segunda categoría “los grandes casos se pone un telón”.

De hecho, cuando se generan informes con responsabilidades civiles o administrativas Contraloría maneja dos documentos: uno público que se sube a la página Web, a la par se elabora un memorando de resumen interno, que no es de conocimiento público, donde se establece las responsabilidades sugeridas, los montos y los cargos de los involucrados. Fernández de Córdoba aseguró que lo hacen para precautelar la privacidad.

¿Qué sucede cuando una glosa queda en firme?

La Contraloría tiene capacidad de coactiva, es decir de cobrar las deudas. Las acciones para recuperar los dineros del Estado pueden incluir el congelamiento de las cuentas bancarias e incluso el embargo de bienes inmuebles.

Además, en el caso de la glosa, que es un perjuicio económico, si un servidor fallece sus herederos la heredarán al ser una responsabilidad civil.

“Todo funcionario tiene que entender, cuando ha sido señalado con una sanción civil o una glosa, que sus hijos y sus nietos, van a heredar esta figura y la Contraloría a través de su sistema de coactiva va a buscar la recuperación de cualquier manera de los fondos públicos”, dijo el contralor Carlos Pólit.

Hay casos en los que los herederos deben responder por glosas millonarias como el de Pablo P., exdirector de la Comisión de Tránsito del Guayas, a fines de los 80; otro en que las esposas se salvaron porque se divorciaron. Incluso hay gente que ha fingido su muerte en el extranjero, pero cuando un hijo llega al país y se toman las acciones legales sobre él entonces aparecen y se declaran insolventes.

La extitular de la Mesa de Estructura del Estado de la Asamblea, María Paula Romo dice que el heredar las deudas fue eliminado del sistema jurídico y que se deberían buscar nuevos mecanismos para hacer efectivos los cobros.

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