La Contraloría examinará las operaciones con Goldman Sachs y los créditos del BCE al Fisco. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
La Contraloría General del Estado anunció siete nuevas auditorías derivadas del examen especial a la deuda pública, presentado el lunes 9 de abril del 2018, tras nueve meses de trabajo.
En su informe final, el organismo determinó indicios de responsabilidad penal y administrativa para funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el expresidente Rafael Correa.
Las principales observaciones apuntan a los cambios o aprobación de normas que permitieron un manejo discrecional del endeudamiento entre el 2012 y mayo del 2017.
Pero el trabajo de la Contraloría no termina ahí. El organismo efectuará análisis especiales a tres operaciones de financiamiento. El primero será a la decisión del Gobierno de pagar una parte de la deuda con el Banco Central a través de acciones de la banca pública,en mayo pasado.
El segundo examen se efectuará sobre las operaciones de inversión y crédito con el oro de las reservas. Y la colocación de Certificados de Tesorería, que son papeles de menos de un año, con los cuales el Fisco obtiene liquidez. El examen de este último ya está en marcha.
Adicionalmente, se hará otras cuatro auditorías: a las condiciones financieras, plazos, garantías y comisiones de las operaciones de endeudamiento público; a la contratación de abogados y agentes para las operaciones de colocación de bonos; al uso de los recursos provenientes del endeudamiento; y, por último, a los intereses y otros costos del financiamiento.
Los Certificados de Tesorería hoy no son deuda
Los Certificados de Tesorería (Cetes) son papeles que duran menos de un año y son utilizados por el Fisco para obtener liquidez. Según el Código de Finanzas Públicas, no se registran como deuda, ya que son de corto plazo.
Para el analista Ramiro Crespo, el concepto de los Cetes no se ha cumplido, ya que en realidad duran más de un año. “Lo que ha hecho el Gobierno es no pagar los Cetes e ir renovándolos, con lo cual se ha ido acumulando el saldo en esos instrumentos”.
José Hidalgo, director de Cordes, explica que el BCE recibía Cetes a cambio de la liquidez que inyectaba al Gobierno. “Esto distorsionó la contabilidad de la deuda, porque los Cetes no se registran y, así, se subestimó la magnitud del endeudamiento”.
El Gobierno reemplazó una parte de la deuda de Cetes con el Central por bonos, que son de largo plazo. Estas operaciones dejan varias dudas, según el exministro Fausto Ortiz. Una de ellas es por qué el Central acepta un canje con bonos de largo plazo. El perjuicio es financiero, según Ortiz, porque abonó en la percepción de que el BCE no cuenta con suficientes reservas líquidas.
Operaciones con Goldman Sachs se auditarán
La inversión de oro monetario y los bonos globales con Goldman Sachs están en la mira de la Contraloría. Esta operación se usó por primera vez en el 2014. En ese año, el Banco Central invirtió la mitad de sus reservas de oro con el banco internacional. Paralelamente, Finanzas obtuvo un préstamo de USD 400 millones. Las autoridades de ese entonces defendieron que eran operaciones diferentes.
En octubre pasado, el Gobierno volvió a usar las reservas de oro. El Fisco obtuvo un crédito de USD 500 millones de Goldman Sachs, a través de una operación que incluyó el uso de 300 000 onzas de oro y bonos del BCE.
Para el economista Pablo Dávalos, quien fue veedor en el reciente examen de la Contraloría, el objetivo del examen al uso de las reservas es determinar cuál fue la modalidad del contrato, el costo financiero para el país y cómo se ejecutó desde lo jurídico.
Para el director de Cordes, José Hidalgo, un país que tiene estadísticas de deuda transparentes y genera confianza no tiene que apelar a “instrumentos tan enredados”, como las operaciones con oro a través de Goldman Sachs.
Pago con papeles al BCE, en la lista de exámenes
El Banco Central fue una importante fuente de liquidez para el Gobierno anterior. Hasta mayo del 2017, el Fisco llegó a adeudar a la entidad cerca de USD 5 800 millones.
Finanzas pagó en ese mes USD 2 137 millones en acciones de tres entidades públicas: CFN, BanEcuador y la Conafips. El entonces ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, catalogó la operación como “un buen negocio”, porque el BCE diversificaba sus activos.
Magdalena Barreiro, veedora del examen, sostiene que la dación en pago se hace para cancelar parte de los créditos que debieron haber sido a corto plazo entre el Gobierno y el BCE. “Hay un doble efecto: en primer lugar, claro que se reduce una deuda, pero se daña también el balance del BCE porque son activos que no son de corto plazo ni de liquidación fácil”. En eso coincide el analista Ramiro Crespo. “Si mañana el BCE necesita liquidez tendría que vender esos bancos y no es fácil. El Gobierno quiso vender el Banco Pacífico y no pudo”.
La Contraloría General del Estado analizará la modalidad del contrato, el costo financiero de la operación y el procedimiento jurídico.