5 de junio de 2017 00:00

El Contralor General del Estado es indagado por concusión

Archivo  /El Comercio El viernes, agentes de la Policía y de Fiscalía allanaron la casa del contralor general, Carlos Pólit, en Guayaquil.

El viernes, agentes de la Policía y de Fiscalía allanaron la casa del contralor general, Carlos Pólit, en Guayaquil. Foto: Archivo / EL COMERCIO 

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Adriana Noboa
Fernando Medina

La denuncia reposa en el sistema del Consejo de la Judicatura. Allí se indica que la fiscal general subrogante, Thania Moreno, presentó una acción penal en contra del contralor general del Estado, Carlos Pólit.

El delito que se le imputa es concusión. Esta figura está tipificada en el art. 281 del Código Integral Penal. En la normativa se explica que dicha sanción se da cuando el funcionario público “abusando de su cargo” exige la entrega de “contribuciones, sueldos, cuotas o derechos” ilegales.

Aunque en el sistema judicial no se dan detalles del supuesto delito, se indica que la fiscal Moreno anexó a su denuncia 74 hojas. En esos documentos se sustentaría la acusación. A ese expediente, aún no han accedido los abogados de la defensa del Contralor.

El domingo 4 de junio del 2017, su defensor, Hernán Ulloa Parada, señaló a este Diario que desconoce las razones de la denuncia. Incluso, ­indicó que conoció de la acción legal por Internet.

De la misma forma se enteró Pólit, quien actualmente está en Miami, Estados Unidos. El funcionario está con permiso médico desde el 26 de mayo. Según Ulloa Parada, tampoco conoce por qué se lo acusa de este ilícito.

Sin embargo, el abogado no descartó que se trate del caso Odebrecht, debido a que la denuncia se presentó el viernes. En decir, el día en que agentes de la Fiscalía y Policía allanaron la casa del funcionario, en el norte de Guayaquil.

Según informes de las dos entidades, en la vivienda del Contralor se hallaron documentos y equipos electrónicos. La Fiscalía no ha dado detalles de la acusación que hizo la fiscal Moreno, pero informaron que las investigaciones continúan.

Luego de la incursión policial, Ulloa Parada señaló en una rueda de prensa que la acción de Fiscalía fue ilegal.

El domingo, se mantuvo en esas declaraciones y anunció que está recabando toda la información para enfrentar el proceso judicial. El jurista anunció que hoy presentará un escrito en la Corte Nacional de Justicia, en el que indica que comparecerá dentro de la investigación ­previa para ejercer la defensa del contralor Pólit.

Pero advirtió que esto no afecta de ninguna manera a las funciones que ejerce el contralor, pues la Fiscalía deberá sustentar con pruebas que el funcionario incurrió en el delito.

Pero el Contralor no solo se alista para defenderse judicialmente, sino también en el ámbito político. Esto luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunciara el sábado la posibilidad de plantear un juicio político en contra del funcionario.

De hecho, Serrano indicó que el tema se tratará en una reunión del bloque legislativo de Alianza País. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la convocatoria no había llegado. Así lo confirmaron varios legisladores oficialistas.

Un juicio político se plantea por el incumplimiento de las funciones constitucionales por parte de una autoridad. Y para hacerlo, Serrano necesi­tará el respaldo de al menos una cuarta parte de los miembros la Asamblea, es decir 35. El oficialismo y sus aliados cuentan con 74 curules.

Pero, además, la solicitud de enjuiciamiento debe contar con “el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará” en contra del funcionario y la prueba documental que disponga al momento, como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Esto deberá entregarse al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que tiene un plazo de tres días para verificar que cumpla con los requisitos indispensables y remitir el pedido a la Comisión de Fiscalización, presidida por la oficialista María José Carrión.

La Comisión tiene cinco días para verificar nuevamente que la solicitud esté completa y sustentada. Si el proceso se inicia, el funcionario acusado y el peticionario tendrán 15 días para mostrar sus pruebas de cargo y descargo. Y en cinco días, la Comisión definirá si archiva o da paso al proceso.

Si esto último ocurre, el presidente de la Asamblea convocará al pleno en máximo cinco días. Allí, los legisladores decidirán si Pólit debe ser destituido y censurado.

Esto requiere, en el caso de la máxima autoridad de la Contraloría, el voto de la mayoría absoluta de legisladores, es decir 69. Y si del proceso se derivan indicios de responsabilidad penal, la Asamblea dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.

Carlos Bergmann, segundo vicepresidente del Parlamento por AP, dijo que, personalmente, cree se debe esperar a que termine la investigación en la Fiscalía, y se informe oficialmente sobre el resultado. Pero advirtió que en la lucha contra la corrupción “caiga quien caiga, vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

La legisladora Marcia Arregui, también oficialista, prefirió no pronunciarse sobre el tema, al menos hasta que conozca a detalle el caso judicial. La Comisión Nacional Anticorrupción pidió, en una carta pública, que el Legislativo suspenda las funciones de Pólit, quien ocupa el puesto desde 2007 y en marzo pasado fue reelegido para cinco años más.

En contexto

En el concurso, llevado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el contralor Pólit obtuvo la puntuación más alta en las fases de méritos y de oposición. El funcionario sacó 48 y 47 sobre 50. Eso hizo que su gestión se alargara hasta el 2022.

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